El seguro ambiental es uno de los requisitos que establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) para aquellas industrias o empresas de servicios que lleven adelante actividades riesgosas para el ambiente. Es una herramienta financiera obligatoria que garantiza la disponibilidad de fondos necesarios para recomponer el daño ambiental de incidencia colectiva, causado en forma accidental, independientemente que el mismo se manifieste en forma súbita o gradual.

Se les exige la contratación de este tipo de seguro a las actividades que evidencien un riesgo ambiente, como los generadores u operadores de residuos peligrosos, o quienes descargan emisiones gaseosas o efluentes líquidos.

Los asegurados van desde polos petroquímicos, empresas agrupadas en parques industriales o estaciones de servicio, a lavaderos industriales, imprentas, tintorerías o cualquier otra industria cuya actividad, independientemente de las prácticas de gestión y control ambiental que implementen o les requiera el organismo de control de su jurisdicción local, pueda producir un impacto negativo sobre el ambiente, sobre sus recursos o sobre el equilibrio de los ecosistemas.
El Ministerio está trabajando junto con todos los sectores involucrados, como la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAIPTA) para repensar distintos aspectos del seguro ambiental.

Actualmente, la única forma reglamentada para recomponer el daño ambiental es la caución, aunque existen otras garantías financieras que ofrecen diferentes ventajas a los distintos sectores industriales, como las pólizas con cobertura de responsabilidad ambiental, la opción del auto-aseguro o los fondos de compensación que el Ministerio y el resto de las partes involucradas están analizando.

Encuentro fructífero

Días atrás, directivos de CECHA se reunieron con el Ministro Sergio Bergman, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental,  Lic. Javier Ureta Saenz Peña, y los funcionarios Salvador Barbieri y la Dra. Catalina Cavanagh.

Allí, los representantes de las estaciones de servicio describieron la situación actual de la actividad en cuanto a su relación con el medio ambiente exteriorizando que el motivo de allegarse al Ministerio era revitalizar, ante las nuevas autoridades, la propuesta original de la Confederación de crear un instrumento exclusivo para garantizar los recursos necesarios con el fin de lograr financiamiento para atender la recomposición de las lesiones causadas por daños al ambiente.