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Un nuevo decreto estira hasta julio la aplicación plena de los tributos sobre naftas y gasoil. La decisión apunta a evitar un aumento en los precios mientras se sostiene la estrategia oficial de desaceleración inflacionaria.
A través del Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei postergó hasta el 1 de julio la aplicación de los incrementos pendientes correspondientes a las actualizaciones acumuladas de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026.
La medida impacta directamente sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, productos alcanzados por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono, dos componentes que forman parte del precio final que pagan los consumidores en las Estaciones de Servicio.

En los hechos, la decisión evita que desde junio se trasladara a los surtidores una carga tributaria más elevada. Aunque el decreto no elimina esos ajustes, sí vuelve a diferir su aplicación, una herramienta que el Poder Ejecutivo viene utilizando desde hace varios meses para moderar el efecto que tendrían sobre los valores al público.
La normativa modifica el Decreto 617/2025, que ya había establecido sucesivas postergaciones para los aumentos derivados de la actualización de estos gravámenes. Ahora, el Ejecutivo extendió ese plazo un mes más y fijó como nueva fecha de entrada en vigencia el 1 de julio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que la decisión se enmarca en la necesidad de mantener un sendero fiscal sostenible sin afectar el proceso de desaceleración de la inflación. En los fundamentos de la medida, el Gobierno señala que resulta necesario continuar difiriendo los incrementos remanentes para seguir estimulando la actividad económica.

La discusión no es menor. Los impuestos específicos sobre los combustibles deberían actualizarse de manera trimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC. Sin embargo, durante los últimos años esas actualizaciones fueron acumulándose debido a distintas postergaciones dispuestas por sucesivos gobiernos.
Como consecuencia, existe un importante atraso tributario que el Estado viene administrando mediante incrementos parciales y diferimientos periódicos. Cada vez que una actualización pendiente se incorpora al precio, el impacto se refleja de forma inmediata en los surtidores.
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