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Un proyecto de ley sugiere ordenar las actualizaciones del tributo para evitar saltos bruscos en los precios. Cada modificación deberá ser comunicada mediante un acto administrativo con detalle de los criterios utilizados y el impacto estimado.
Las Estaciones de Servicio podrían operar bajo un esquema impositivo más previsible si prospera una propuesta de la exsecretaria de Energía Flavia Royón, que impulsa cambios en el impuesto a los combustibles líquidos. La iniciativa pone el foco en uno de los principales factores que inciden en el precio en surtidor: la forma en que se actualiza el tributo.
En los últimos años, la aplicación parcial o diferida de los aumentos generó distorsiones que impactaron directamente en la operatoria diaria de los expendedores. Ajustes acumulados durante largos períodos derivaron luego en subas concentradas, difíciles de trasladar y de anticipar.

Frente a ese panorama, la actual Senadora Nacional por Salta, elevó un proyecto para establecer un sistema de actualización más ordenado, con reglas claras y sin arrastre de incrementos pendientes.
Al respecto, Royón explicó a Surtidores que “uno de los objetivos centrales es terminar con la lógica de aumentos acumulados que después aparecen de golpe y afectan tanto a los consumidores como a las Estaciones de Servicio”.
El texto legislativo, fija un mecanismo de revisión cada tres meses, donde el Poder Ejecutivo podrá definir si corresponde subir, bajar o mantener sin cambios el impuesto. Esa decisión deberá respetar un margen acotado de variación, con un tope del 15 por ciento respecto del período anterior.
“Se plantea un esquema previsible, con ajustes periódicos y dentro de límites claros. Cada decisión tiene que estar fundamentada en variables objetivas como precios internacionales, costos y evolución de la economía”, señaló Royon a este medio.
Uno de los cambios más relevantes para el sector es que se eliminan los aumentos no aplicados en el pasado. Es decir, no habrá posibilidad de trasladar hacia adelante diferencias acumuladas, un punto que históricamente generó incertidumbre en la formación de precios.
“Lo que buscamos es sincerar la situación actual y evitar los impuestos queden pendientes para que después no presionen sobre el surtidor. Cada período se cierra en sí mismo, sin deudas hacia adelante”, agregó la exsecretaria de Energía.

La legisladora reconoció que, para los operadores, este punto resulta clave, dado que la imposibilidad de prever cuándo y cómo se aplicarían los incrementos fue uno de los factores que complicó la planificación comercial.
Además, el proyecto obliga a que cada modificación sea comunicada mediante un acto administrativo con detalle de los criterios utilizados y el impacto estimado. Según los fundamentos del expediente, se apunta a reforzar la transparencia y evitar decisiones discrecionales sin sustento técnico.
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