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Jueves, 05 de junio 2025
Proceso de desregulación económica
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El sector sigue de cerca la puesta en vigencia del decreto que prohíbe la inclusión de cláusulas que impongan aportes obligatorios. Según analistas, podría generar un impacto a mediano plazo en los costos de administración de recursos humanos y en las relaciones laborales con los trabajadores.
En medio del proceso de desregulación económica impulsado por el Gobierno nacional, el Ministerio de Modernización del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, oficializó el Decreto 149/2025, que entra en vigencia a partir de hoy, 5 de junio.
La medida apunta a reestructurar de manera sustancial el sistema de negociación colectiva en Argentina, limitando el alcance de los convenios colectivos exclusivamente a la regulación de condiciones laborales. “A partir de ahora, queda prohibida expresamente la inclusión de cláusulas que impongan aportes obligatorios a sindicatos o cámaras empresarias”, reza el texto de la norma.
Dirigentes de empresas pequeñas y medianas están preparando un proyecto para reclamar la suspensión temporal de las contribuciones. Quieren presentar la iniciativa ante el Gobierno y los legisladores. Opinan los expendedores.
La decisión ministerial generó distintas reacciones en el arco social, jurídico y político. Mientras algunos sectores advierten sobre una posible erosión del modelo sindical argentino, otros observan la medida como una oportunidad para fortalecer el principio de libertad individual y desburocratizar el marco laboral.
En diálogo con surtidores.com.ar, el abogado laboralista Francisco Turzi, asesor legal de diversas Estaciones de Servicio, sostuvo que el decreto “introduce una modificación sustancial en la estructura tradicional de los convenios colectivos de trabajo en Argentina” y que “podría significar una etapa superadora si se orienta hacia mayor transparencia y eficiencia en la representación de intereses”.
De acuerdo a su análisis, la nueva normativa “puede contribuir a un sistema más sano y voluntario, donde las decisiones laborales se basen en la calidad del vínculo entre empleador y trabajador, sin cargas externas impuestas”.
Comentó que, al no estar obligados a realizar contribuciones automáticas, los titulares de Estaciones de Servicio podrían reconfigurar sus estructuras de gastos, priorizando la inversión en recursos humanos, capacitación y mejoras operativas.
Pero según Turzi, también se plantea un desafío para las propias organizaciones gremiales y cámaras empresarias. “En este nuevo esquema, deberán consolidar su legitimidad a través de la calidad de los servicios que prestan a sus afiliados, sin depender de aportes compulsivos, llevando el tema hacia una representación más cercana, competitiva y eficiente”, recalcó.
El entrevistado planteó que “la eliminación de contribuciones obligatorias no impide la financiación sindical, pero sí obliga a una revisión del modo en que esas entidades construyen su representatividad y justifican sus ingresos”.
Además expresó, que este escenario puede reforzar el rol de las organizaciones que logren adaptarse con seriedad, lejos de la lógica corporativa tradicional.
Al respecto, Turzi remarcó que el trasfondo legal de esta reforma se conecta directamente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce la negociación colectiva, la libertad sindical y la protección del trabajo como pilares del orden social. En este sentido, el decreto interpela la necesidad de respetar estos principios desde una perspectiva moderna, pero sin alteraciones estructurales que requieran reformas constitucionales encubiertas.
“La discusión sobre la libertad sindical incluye también el derecho a no afiliarse ni contribuir. En esa tensión entre autonomía colectiva y libertad individual, el nuevo marco legal se propone generar un punto de equilibrio: preservar la representación sin imponer obligaciones sin consenso”, destacó.
Alegó además que desde el punto de vista jurídico y económico, el Decreto 149/2025 podría representar una oportunidad para construir reglas más previsibles, alineadas con los cambios del mundo del trabajo y las necesidades reales de empleadores y trabajadores. “Si se encara con responsabilidad, este momento puede dar lugar a un nuevo pacto institucional en materia laboral, basado en valores republicanos, equilibrio y respeto mutuo entre las partes”, opinó Turzi.
En definitiva, reflexionó que para muchas expendedoras PyMES que sostienen empleo y actividad económica local, este nuevo escenario no solo implica desafíos de adaptación, sino también una posible consolidación de un modelo más sustentable, competitivo y alineado con los principios constitucionales que rigen la vida democrática del país.
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