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Martes, 08 de septiembre 2026
Agenda
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Desde el oficialismo impulsan cambios para acortar los plazos de acreditación de las tarjetas y contener los gravámenes locales sobre los combustibles. También proponen beneficios fiscales para renovar equipos, créditos para incorporar cargadores eléctricos y medidas destinadas a reactivar las conversiones a GNC.
El bloque oficialista de la Cámara de Diputados podría sumar a su agenda una serie de iniciativas orientadas a mejorar la ecuación económica de las Estaciones de Servicio. Las propuestas buscan liberar fondos inmovilizados por los sistemas provinciales de recaudación, reducir los costos relacionados con los medios electrónicos de pago y facilitar las inversiones necesarias para modernizar los establecimientos.
Uno de los principales temas es la acumulación de saldos a favor de Ingresos Brutos. Las retenciones y percepciones aplicadas sobre operaciones con tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias pueden dejar durante meses una parte del dinero de las empresas en manos de los fiscos provinciales.
El impacto es mayor en un negocio de alta facturación, pero con escaso margen para absorber nuevos costos. Para los estacioneros, disponer rápidamente de esos recursos resulta fundamental para reponer combustible, pagar salarios, afrontar impuestos y sostener el funcionamiento diario del negocio.
En diálogo con Surtidores, el diputado nacional de La Libertad Avanza Martín Matzkin, sostuvo que el Congreso debería avanzar con herramientas que ayuden a proteger la rentabilidad del operador.
El legislador pampeano planteó la necesidad de establecer reglas para la intermediación financiera que permitan acelerar la acreditación de las ventas realizadas con medios electrónicos y poner límites a las comisiones. También consideró necesario revisar las deducciones aplicadas al momento de cobrar, ya que terminan restando liquidez a las empresas.
A ese paquete sumó la posibilidad de otorgar incentivos fiscales para renovar la infraestructura e incorporar nuevas tecnologías. La intención sería facilitar la amortización de surtidores, sistemas de control y otros equipos de mayor complejidad, cuya compra y mantenimiento representan una inversión considerable para las PyMEs del sector.
Otro punto que podría llegar al debate parlamentario es el avance de las tasas viales y otras contribuciones municipales incorporadas al precio de los combustibles.
Matzkin, quien fue asesor de la Cámara de Estaciones de Servicio de La Pampa, consideró “urgente e indispensable” establecer límites nacionales frente a estos cargos. Según explicó, su aplicación genera diferencias de precios entre localidades cercanas, modifica las condiciones de competencia y suma nuevos costos para los consumidores.
Además, advirtió que la superposición de gravámenes municipales, provinciales y nacionales no solamente afecta a quienes cargan combustible, sino que también encarece la logística y termina trasladándose a distintas actividades productivas.
La modernización de las Estaciones de Servicio aparece como otro de los capítulos que podrían requerir respaldo legislativo. El avance de la movilidad eléctrica obliga a invertir en cargadores, instalaciones específicas y una mayor potencia contratada, desembolsos que muchas pequeñas y medianas empresas no pueden afrontar por sí solas.
Entre las alternativas que se analizan figuran líneas de crédito con condiciones favorables y beneficios impositivos para adquirir esta tecnología. También se propone revisar los cuadros tarifarios eléctricos, de manera que la venta de energía permita obtener una rentabilidad razonable y recuperar el capital invertido.
El GNC completa la agenda planteada por el oficialismo. La mayor disponibilidad de gas natural abre una oportunidad para impulsar nuevas conversiones y modernizar la red de carga existente. Según Matzkin, este combustible continúa ofreciendo ventajas para el transporte urbano, la logística liviana y los servicios de pasajeros.
En ese sentido, un programa de promoción permitiría aprovechar el incremento de la producción nacional, recuperar parte de las conversiones perdidas durante los últimos años y ofrecer a los automovilistas una opción más económica frente a los combustibles líquidos.
Por ahora, los planteos deberán convertirse en proyectos concretos para comenzar su recorrido parlamentario. La agenda combina alivio financiero, límites a los cargos locales, estímulos a la inversión y herramientas para acompañar la transformación energética de las bocas de expendio. “Al ser un modelo de rentabilidad basado en volumen, el Congreso debe enfocarse en marcos normativos que defiendan al operador”, concluyó el diputado.
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