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Miércoles, 15 de julio 2026
Iniciativa parlamentaria
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Una iniciativa que será presentada en los próximos días en la Cámara de Diputados, propone declarar la emergencia financiera para las pequeñas y medianas empresas con medidas que podrían alcanzar a las Estaciones de Servicio.
Las Estaciones de Servicio podrían quedar alcanzadas por un nuevo paquete de medidas diseñado para asistir a las pequeñas y medianas empresas. Se trata de un proyecto que ingresará en los próximos días a la Cámara de Diputados impulsado por el legislador Nicolás Massot y que plantea un régimen de emergencia financiera para las PyMEs, con herramientas destinadas a reducir costos, mejorar el acceso al financiamiento y sostener el empleo formal.
Desde la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas confirmaron que la iniciativa aún no cuenta con su redacción definitiva y que los equipos técnicos continúan trabajando sobre los alcances del texto antes de su presentación formal. Una vez ingresado, será ese ámbito parlamentario el encargado de comenzar el análisis y evaluar posibles modificaciones.
Aunque todavía resta conocer la letra final, los lineamientos que trascendieron incluyen medidas que podrían tener impacto directo en el negocio de las Estaciones de Servicio, un sector integrado mayoritariamente por pequeñas empresas familiares que enfrentan una estructura de costos cada vez más elevada.
En diálogo con Surtidores, la tributarista Elisabet Piacentini, integrante del Movimiento Nacional PyME y una de las participantes en la elaboración de la iniciativa legislativa, explicó que el proyecto tiene como objetivo central fortalecer a un sector que representa una parte fundamental de la economía argentina. “Las PyMEs generan el 42 por ciento del PBI y necesitan una política integral que permita promover su desarrollo, continuidad y crecimiento”, señaló.
Según Piacentini, uno de los pilares principales es la creación de una Agencia Federal PyME que concentre criterios, estudios, planificación y promoción para las pequeñas y medianas empresas. Apunta a reemplazar la dispersión actual de programas, secretarías y fondos nacionales de desarrollo productivo que, según explicó, no lograron una continuidad suficiente en el acompañamiento al sector.
La futura agencia tendría además una comisión asesora integrada por representantes del sector privado PyME, quienes participarían de manera ad honorem para analizar el impacto que tienen las leyes y regulaciones sobre las empresas y realizar recomendaciones para favorecer su actividad. “La riqueza de esta comisión es que quienes están todos los días al frente de una PyME puedan aportar su mirada sobre cómo una norma afecta a la economía real”, sostuvo Piacentini.
Otro de los ejes centrales está vinculado con el empleo. El proyecto contempla un régimen de contratación con reducción de cargas sociales para aquellas pequeñas y medianas empresas que incrementen su dotación de personal respecto del promedio de los últimos 12 meses. El beneficio tendría una duración de tres años.
La medida podría resultar especialmente relevante para las Estaciones de Servicio que en su mayoría funcionan bajo estructuras PyME y donde la mano de obra representa uno de los principales componentes del gasto mensual. La operación de una estación requiere personal permanente para atención al público, playa, administración, mantenimiento y servicios complementarios, por lo que una reducción en la presión laboral podría modificar la ecuación económica del negocio.
Otro de los capítulos está relacionado con el endeudamiento PyME. La iniciativa plantea un régimen de reestructuración de pasivos para que las empresas puedan ordenar sus obligaciones, solicitar plazos de gracia y evitar que situaciones financieras transitorias deriven en embargos o interrupciones de la cadena de pagos.
En ese sentido, Piacentini indicó que el objetivo es “darle una herramienta a las PyMEs para analizar sus deudas, reorganizar sus compromisos y continuar funcionando”. Para las Estaciones de Servicio, esta alternativa podría representar un mecanismo para sostener la actividad frente al aumento de costos operativos, financieros y de servicios.
El financiamiento productivo es otro de los puntos destacados. La propuesta incorpora una calificación crediticia especial, donde no solamente se tengan en cuenta balances, sino también la antigüedad de la firma, la continuidad de la actividad, el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales y la vigencia del certificado PyME.
“Muchas veces una PyME queda afuera del crédito tradicional porque no se analizan todas las variables que muestran su trayectoria. Queremos que se valore su historia y su capacidad de sostenerse”, explicó la especialista.
El proyecto también incorpora una cuenta corriente tributaria federal para MIPyMEs, destinada a compensar saldos a favor y obligaciones pendientes entre distintos impuestos y jurisdicciones. La iniciativa busca evitar que una empresa tenga inmovilizados recursos en una provincia mientras debe afrontar pagos en otra, afectando su liquidez.
Por otra parte, se analizan medidas vinculadas a los servicios públicos, un aspecto sensible para las expendedoras de combustibles por el peso que tienen la electricidad y el gas dentro de sus costos habituales.
Los impulsores de la propuesta consideran que, si mantiene estos lineamientos en su versión definitiva, la ley podría convertirse en una herramienta para reducir la presión financiera sobre las pequeñas empresas y fortalecer la sustentabilidad de actividades como la comercialización minorista de combustibles, donde predominan estructuras empresariales PyME.
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