Con más mezcla de etanol en las naftas, ¿Cómo queda el negocio de los biocombustibles?

La decisión del Gobierno nacional de adecuar el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas -que se eleva hasta el 5,6 por ciento en peso- marca un cambio técnico con implicancias directas en el mercado de combustibles. La medida responde al incremento del contenido de bioetanol en las mezclas, que hoy puede alcanzar hasta el 15 por ciento en volumen según la normativa vigente.

Detrás de este ajuste aparece una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sector. De acuerdo con el último informe de la consultora Energía y Negocios, que conduce Nicolás Arceo, la actividad atraviesa una etapa de transición en la que conviven un esquema regulado heredado y una propuesta oficial orientada a introducir mayor competencia.

El régimen vigente, establecido a partir de la ley de promoción de 2006 y reformulado en 2021, fue determinante para el desarrollo de la industria local. A través de cortes obligatorios en naftas y gasoil, junto con cupos y precios administrados, impulsó la producción de biodiésel y bioetanol y favoreció a PyMES y economías regionales.

Para paliar los aumentos, el Gobierno modificó un parámetro de calidad que habilita la incorporación de más bioetanol en las naftas

La Secretaría de Energía actualizó las especificaciones técnicas de los combustibles y autorizó un mayor contenido de oxígeno en las naftas. La medida apunta a mejorar la eficiencia y reducir emisiones sin alterar la composición base.

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Ese modelo permitió consolidar capacidad productiva en distintos segmentos, aunque también generó distorsiones. El informe advierte que implicó costos fiscales relevantes y presión sobre los valores finales de los combustibles, en un escenario donde los biocombustibles, en muchos casos, se ubicaron por encima de los precios de sus equivalentes fósiles.

En este marco, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que propone una evolución gradual hacia un esquema con mayor participación del mercado. La iniciativa contempla un período de transición hasta 2028, durante el cual el Estado mantendría intervención en la asignación de volúmenes y en la organización de licitaciones, pero con una apertura progresiva hacia acuerdos entre privados.

La intención es que, una vez finalizada esa etapa, los precios y condiciones de abastecimiento se definan mediante negociación directa, reduciendo el peso de los mecanismos administrados.

En cuanto al funcionamiento, el esquema prevé modificaciones en la forma de asignar los volúmenes. Para el biodiésel, una parte del corte obligatorio seguiría destinada a empresas no integradas, otra se canalizaría mediante licitaciones y un segmento creciente quedaría sujeto a acuerdos entre compañías. Para el bioetanol, la lógica sería similar, combinando asignaciones directas con procesos competitivos y contratos privados.

A pesar de estos cambios, los niveles de mezcla obligatoria se mantendrían elevados. El informe indica que el biodiésel podría sostener un corte del 10 por ciento, mientras que el bioetanol alcanzaría el 15 por ciento, con la posibilidad de ajustes por parte de la autoridad de aplicación según condiciones del mercado o cuestiones técnicas.

Uno de los objetivos centrales es mejorar la eficiencia en la formación de precios. La utilización de licitaciones y la mayor disponibilidad de capacidad productiva podrían generar ofertas más competitivas, lo que ayudaría a moderar el impacto sobre el consumidor final.

Sin embargo, el efecto sobre los precios en surtidor sigue siendo un punto sensible. El análisis de Energía y Negocios muestra que el biodiésel continúa encareciendo el gasoil. Con un barril de petróleo en torno a los 100 dólares, el sobrecosto estimado ronda el 12 por ciento, aunque se redujo frente a períodos anteriores de mayor brecha.

En el caso del bioetanol, el escenario es más heterogéneo. Si bien su menor poder calorífico implica un costo adicional en términos energéticos, el etanol de caña puede contribuir a amortiguar subas en los combustibles en determinados escenarios internacionales.

De todos modos, el informe señala que, en términos históricos, la incorporación obligatoria de biocombustibles tendió a elevar los precios finales, incluso en etapas de aumento del petróleo.

Este punto adquiere mayor relevancia ante la volatilidad de los valores internacionales de la energía. La suba del crudo reactivó la discusión sobre la conveniencia de sostener o ampliar los cortes, aunque también dejó en evidencia los límites de esa política cuando los biocombustibles no logran competir en costos.