Las estaciones de servicio de todo el país están empezando a recibir las facturas de agosto y septiembre con el nuevo importe que rige para el gas en boca de pozo, fijado en 49,45 centavos por metro cúbico. Mientras tanto los surtidores permanecen congelados por decisión del Gobierno, situación que preocupa y mucho a las cámaras empresarias del rubro
En septiembre pasado, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas emitió la Resolución la 1445/12 para reglamentar la suba del valor del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte para los servicios de GNC en 49,45 centavos por metro cúbico, libre de impuestos.
La intervención oficial complicó el normal funcionamiento del mercado del gas, a tal punto que las bocas de expendio de GNC recibieron las facturas por las ventas de agosto y septiembre recién dos meses más tarde, entrando casi al mes de noviembre. Así y todo, hay expendedores a los que todavía no les llegó.
Esto implicó un serio desfasaje financiero para los operadores ya que por ese entonces manejaban un valor al público de acuerdo al costo que regía por el metro cúbico en ese momento, tres veces menor al actual. Aunque no lo sabían, estaban pagando la materia prima 30 centavos más cara.
La situación presenta un gran interrogante de cara al futuro teniendo en cuenta que a los pocos días de congelar las pizarras, la Comisión emitió una nueva Resolución, la 2/2012, para solicitar a los empresarios que presenten documentación referida a ventas, inversiones y cuentas contables, desde 2007 hasta agosto de este año. El 5 de noviembre es el plazo límite que concedió el organismo para completar los formularios como consecuencia del pedido que realizó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) de extender la fecha de entrega para que los estacioneros lleguen a reunir la data.
El gran interrogante que se plantean los dirigentes es acerca del precio que evaluará al Gobierno una vez que analice la rentabilidad de las estaciones de servicio. El temor es que fije un importe uniforme que no pueda garantizar la rentabilidad de los locales más pequeños, generalmente ubicados en el interior del país, que despachan poco volumen y tienen costos operativos muy altos, acordes a las necesidades del negocio.
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