Pese la disponibilidad al diálogo, los referentes de las Estaciones de Servicio insistieron en mantener el estado de alerta para que “la sociedad entienda que con las actuales condiciones impuestas por las entidades financieras y los niveles incontrolables de inflación, se torna imposible seguir operando a crédito”.

Al respecto, el presidente de FAENI, Alberto Boz, informó a surtidores.com.ar que “estamos recabando las respuestas de los diputados y senadores de cada una de las provincias a la convocatoria de las cámaras para impulsar el tratamiento de la reforma de la Ley 25065 en el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación”.

Remarcó que “todas las Estaciones de Servicio están aceptando pagos con tarjeta, sean de YPF o de las demás banderas”, pero recalcó que “esto se hace a expensas de la pérdida del capital de trabajo de los propios dueños de las bocas de expendio y también en el caso de la petrolera estatal, que absorbe los costos como compañía, finalmente lo sostiene la población toda con el pago de sus impuestos”.

Vale destacar que las entidades empresarias del sector y diputados de distintos bloques políticos vienen elaborando un proyecto de ley para que las comisiones de 1,25 por ciento que cobran los bancos sean reducidas al 0,5 por ciento y que el plazo de acreditación de 10 días hábiles se convierta en 48 horas corridas, entre otros puntos.

En ese contexto, Boz adelantó que pretenden tener el panorama sobre el pensamiento de cada legislador para el próximo 9 de febrero cuando se reúna la Asamblea de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y afines de la Argentina, para poder decidir las acciones pertinentes.

El directivo recordó que el juicio que lleva adelante FAENI contra la financiera PRISMA, tiene un fallo favorable a los expendedores en primera instancia para que se readecúen los contratos suscriptos entre las Estaciones de Servicio y la empresa que gestiona los plásticos, pero aclaró que la acción legal, se encuentra en la etapa de espera a que se expida la Cámara Nacional en Segunda Instancia, “donde los plazos son mucho más laxos y la resolución requiere de más tiempo”.