El 16 de noviembre de 2022, entró en vigencia la resolución 493 del Ente Nacional Regulador del Gas, estableciendo cambios significativos en los procedimientos y la documentación requerida para la utilización de cilindros de gas natural comprimido usados. Esta resolución buscaba principalmente aumentar la seguridad del sistema al limitar y asegurar su trazabilidad y procedencia legal.

En aquel entonces, cuando se convertían alrededor de 7.500 autos mensualmente, los tubos usados representaban el 40 por ciento de las instalaciones realizadas. La situación era crítica, ya que muchos de estos provenían de vehículos robados, incendiados o accidentados, comprometiendo su integridad y la seguridad pública.

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Fuentes del mercado afirmaron que los cilindros deberían haber sido retirados de circulación, impidiendo su reinstalación futura. No obstante y para ordenar el sistema, ENARGAS emitió la mencionada resolución, que exigía la venta solo mediante un formulario de transferencia con la firma certificada por escribano público tanto del titular registrado como del comprador.

El impacto de esta medida fue inmediata, reduciendo la utilización de los contenedores a menos de la mitad en el mes siguiente. Sin embargo, la falta de controles permitió que su uso volviera a aumentar gradualmente. Algunos Proveedores de Equipos de Conversión (PEC) disminuyeron significativamente sus operaciones, pero otros continuaron usándolos en grandes cantidades, al punto que solo 6 PEC (el 4 por ciento del total) montaban más del 35 por ciento de los cilindros usados del país.

Ante múltiples denuncias sobre esta situación, ENARGAS decidió auditar las operaciones. Según la resolución 2024-174, el 25 de abril se realizó una inspección en la que se solicitó al PEC auditado la presentación de las fichas técnicas y documentación respaldatoria de 18 obleas de montajes con cilindros usados y 15 operaciones de desmontaje. Este PEC había habilitado más de 2.500 desde la entrada en vigencia del nuevo procedimiento, y más de 300 solo en abril.

Durante los controles, el sujeto no pudo exhibir ninguna de las 18 fichas técnicas de montajes ni de las 15 de desmontajes. Por ello, ENARGAS resolvió la suspensión preventiva del PEC hasta la subsanación del incumplimiento normativo. Esta medida tuvo un impacto inmediato en el mercado, ya que muchos PEC dejaron de realizar operaciones con cilindros usados de manera irregular.

Posteriormente, el 14 de mayo, ENARGAS emitió la resolución 2024-210, manteniendo la suspensión preventiva del PEC a pesar de la presentación tardía de la documentación requerida. De las 33 fichas técnicas revisadas, 29 presentaban irregularidades, revelando conductas destinadas a engañar a la autoridad regulatoria.

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No obstante, el 8 de julio, ENARGAS publicó la resolución 2024-346, levantando la suspensión preventiva del PEC tras la presentación de la documentación que acreditaba el cambio de todos los cilindros involucrados en las operaciones auditadas. Esta decisión planteó preocupaciones sobre los procedimientos oficiales y la efectividad de sus auditorías, ya que solo se revisaron 18 de 2.500 operaciones, y se detectaron numerosas irregularidades.

Al respecto, las fuentes consultadas afirmaron que la falta de una valoración adecuada de las irregularidades y la ausencia de un esfuerzo por dimensionar la real cantidad de casos en las mismas condiciones “plantea serias dudas sobre la mitigación de riesgos”.