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Lunes, 27 de julio 2026
Incentivo parlamentario
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Mientras el Gobierno analiza flexibilizar la importación de vehículos eléctricos e híbridos, la Cámara Baja busca acelerar el despliegue de cargadores para acompañar el crecimiento del mercado y evitar cuellos de botella.
La electromovilidad comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda energética. Al mismo tiempo que el Gobierno trabaja en una nueva etapa del régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos eléctricos e híbridos por año sin pagar el arancel extrazona del 35 por ciento, en la Cámara de Diputados avanza una propuesta destinada a preparar la red de abastecimiento para ese escenario.
La próxima licitación, prevista entre fines de agosto y principios de septiembre, incorporaría cambios relevantes, entre ellos un incremento del límite del valor FOB para acceder al beneficio y una mejora en los plazos de adjudicación. El objetivo es ampliar la variedad de modelos disponibles y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al mercado local.
En paralelo, legisladores del PRO impulsan un Régimen Legal de Electromovilidad que propone desarrollar una red federal de recarga y reconoce a las Estaciones de Servicio como uno de los principales pilares de esa transformación, que como ya se informó en este medio, está encabezado por Cristian Ritondo.
“Si el parque automotor eléctrico comienza a expandirse, el país tiene que estar preparado para abastecer esa demanda. No podemos esperar a que los vehículos estén circulando para recién empezar a desarrollar la infraestructura“, afirmó a Surtidores el diputado nacional Javier Sánchez Wrba, uno de los cofirmantes del proyecto.
La propuesta contempla un conjunto de medidas orientadas a facilitar el despliegue de cargadores rápidos mediante reglas claras, incentivos fiscales, beneficios para la incorporación de equipamiento y procedimientos administrativos más ágiles.
“Queremos que la inversión encuentre previsibilidad. La apertura del mercado necesita una red que acompañe esa evolución y un marco normativo que incentive la participación privada“, explicó el legislador.
Entre los fundamentos del texto se advierte que la falta de puntos de carga desalienta la compra de vehículos eléctricos, mientras que la escasa cantidad de unidades en circulación retrasa nuevas inversiones, una dinámica que la iniciativa busca revertir.
En ese sentido, Sánchez Wrba remarcó que las Estaciones de Servicio reúnen las condiciones para convertirse en la principal red de abastecimiento de esta nueva movilidad gracias a su distribución territorial, infraestructura operativa y experiencia en la provisión de energía.
El texto también incorpora mecanismos para que la adaptación resulte económicamente sustentable y no recaiga exclusivamente sobre los operadores. “Hay provincias que ya están ofreciendo beneficios para incentivar la compra de autos eléctricos porque contaminan menos y hacen menos ruidos. En CABA, por ejemplo, eximen del pago de patentes y peajes”, dijo el referente legislativo.
Pero admitió que esto no es suficiente, “porque el principal problema que tenemos en Argentina es la poca cantidad de centros de carga”. En ese sentido se mostró abierto a incorporar algún proyecto o profundizar este mismo para que se acceda más al financiamiento de puntos de abastecimiento.
Por ello recalcó: “Proponemos tres metas para el 2030: tener 2500 puntos de carga, que el 10 por ciento de la venta de autos 0km sean eléctricos o híbridos y el 15 por ciento del transporte urbano electrificado en ciudades de más de 500 mil habitantes.”
“Desde el PRO queremos acompañar una agenda que genere confianza para invertir. La energía tiene capacidad para convertirse en uno de los grandes motores de la economía argentina y creemos que este es el momento para consolidar ese proceso“, concluyó Sánchez Wrba.
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