Crece el consenso sobre la importancia de hacer públicos los precios de los combustibles

En medio de la expectativa que genera en los expendedores la polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial respecto de la obligatoriedad de difundir los precios de los combustibles en tiempo real a los consumidores, la experiencia internacional muestra un camino diferente.

Desde enero de este año, el Reino Unido puso en marcha el Fuel Finder Scheme, un mecanismo que obliga a todas las Estaciones de Servicio a reportar los valores vigentes para que aplicaciones y plataformas digitales permitan a los automovilistas comparar antes de decidir dónde cargar combustible.

El objetivo de la iniciativa británica es fortalecer la competencia a partir de una mayor transparencia, un criterio que hoy también aparece en el centro de la discusión en Argentina tras el fallo judicial.

Declaran inconstitucional la eliminación del sistema de información de los precios de los combustibles

Un fallo de la Justicia Federal de La Plata anuló la norma que había eliminado la obligación de las Estaciones de Servicio de informar al Estado cada cambio de precios. El juez entendió que la medida reducía el acceso de los consumidores a información clara y afectaba la transparencia del mercado.

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En diálogo con Surtidores, el economista especializado en combustibles e investigador del Instituto Argentina Grande, Hernán Herrera, sostuvo que el sistema argentino no condicionaba la libertad para fijar precios, sino que simplemente hacía pública una información que ya existía.

“YPF opera 1.660 de las casi 5.400 estaciones del país pero concentra el 56 por ciento de los litros vendidos. Esa estructura hace que el precio de los principales operadores tenga una influencia significativa sobre el comportamiento del mercado“, explicó.

Al respecto, consideró que la eliminación del sistema reduce el acceso a información útil para todos los actores. “Las petroleras cuentan con mecanismos para conocer la evolución del mercado entre sí. Con la derogación, el consumidor perdió una referencia para comparar valores y el Estado dejó de disponer de información estadística y de fiscalización que también resulta útil para analizar la competencia“, afirmó.

Herrera remarcó además que la publicación no representa una regulación sobre los valores de venta. “El sistema no fijaba ningún precio; simplemente obligaba a informar públicamente el que cada estación ya estaba cobrando“, señaló.

Respecto de la caída que viene registrando el consumo de combustibles, el especialista descartó que la eliminación del sistema pueda modificar esa tendencia. “Las ventas al público acumulan cuatro meses de baja porque dependen del ingreso real de los hogares y del nivel de actividad económica. Quitar información no incrementa las ventas ni modifica esas variables“, indicó.

También advirtió que, en un contexto de estrategias comerciales cada vez más dinámicas, la existencia datos a la vista de la población facilita el seguimiento de los movimientos del mercado y reduce las asimetrías de información entre consumidores, operadores y organismos de control.

MAYOR COMPETENCIA

Un análisis coincidente sobre la importancia de fortalecer la competencia expresó el presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Jorge Lapeña. El exsecretario de Energía sostuvo que el mercado argentino presenta un elevado nivel de concentración y consideró conveniente avanzar hacia una mayor diversificación de los oferentes.

“El sistema de venta de combustibles en Argentina está altamente concentrado en pocas empresas. La principal reúne cerca de la mitad de las cantidades vendidas, por lo que se trata de un conjunto muy reducido de competidores“, afirmó.

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Para Lapeña, un mercado con mayor cantidad de actores favorecería la competencia y ofrecería mejores condiciones para los consumidores y para las propias Estaciones de Servicio. “Lo ideal sería que ningún operador concentrara más del 10 o 15 por ciento del mercado. Cuando las participaciones son muy elevadas, el funcionamiento resulta más limitado“, explicó.

Como ejemplo mencionó el modelo estadounidense, donde las políticas antimonopolio impulsadas a comienzos del siglo XX favorecieron una estructura con una mayor cantidad de competidores.

“Las leyes promovidas por Roosevelt permitieron desarrollar un mercado donde ningún actor empresario posee una participación dominante. Siempre es posible y conveniente estimular una mayor participación de jugadores“, concluyó.