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Miércoles, 24 de junio 2026
Cuestionan los subsidios
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Desde UNVENU solicitaron analizar el efecto de los incentivos aplicados a la movilidad eléctrica y estimaron una disminución creciente de ingresos asociados a tributos, combustibles y otros conceptos.
La movilidad eléctrica atraviesa uno de los períodos de mayor crecimiento desde su llegada a Uruguay. Lo que hace pocos años aparecía como una alternativa reservada para segmentos específicos del mercado hoy gana espacio en calles, rutas y flotas empresariales, impulsada por una combinación de avances tecnológicos, mayor oferta comercial e incentivos estatales.
Sin embargo, el fenómeno comienza a mostrar otra cara. A medida que aumenta la cantidad de vehículos eléctricos en circulación, también se hacen visibles algunos efectos económicos que alcanzan a distintas áreas de la actividad nacional.
Un informe pedido por Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, realizado por Paola Andresovas, Francisco Grizutti y Juan Dubra, el cual fue compartido a Surtidores, pone números a esa situación y estima que la renuncia fiscal acumulada vinculada a la movilidad eléctrica podría superar los USD 1.900 millones entre 2020 y 2030.
La investigación analizó distintos beneficios otorgados durante los últimos años, incluyendo exoneraciones tributarias para la importación y adquisición de unidades, bonificaciones en patentes y otros estímulos destinados a favorecer la incorporación de tecnologías de bajas emisiones.
Según el documento, el monto acumulado alcanzaría aproximadamente USD 1.907 millones al finalizar la década. De esa cifra, cerca de USD 1.468 millones corresponderían al período comprendido entre 2026 y 2030, lo que evidencia una aceleración del fenómeno en los próximos años.
DE NICHO A PROTAGONISTA
El estudio destacó que la evolución del mercado fue particularmente dinámica. Entre 2020 y 2025 las ventas de vehículos electrificados registraron una tasa anual compuesta cercana al 93 por ciento.
La tendencia continuó durante 2026. De acuerdo con los datos analizados por los autores, en el primer cuatrimestre del año se comercializaron más de 7.000 unidades eléctricas, volumen que representa un incremento superior al 130 por ciento frente al mismo lapso del año anterior.
Esa evolución permitió que el parque de vehículos eléctricos e híbridos supere las 30.000 unidades y que los eléctricos puros alcancen una participación cercana al 2 por ciento dentro del total nacional.
A juicio de los especialistas, el crecimiento observado hasta el momento se encuentra estrechamente asociado a las políticas de promoción impulsadas por el Estado uruguayo.
COMBUSTIBLES, UNO DE LOS PUNTOS MÁS OBSERVADOS
Entre los aspectos analizados por UNVENU aparece el impacto sobre la venta de combustibles líquidos. Se estima que durante el período 2020-2025 la menor utilización de naftas y gasoil derivada de la incorporación de vehículos electrificados generó una disminución de aproximadamente USD 43.7 millones en la recaudación de impuestos vinculados a esos productos.
Para efectuar el cálculo, los autores consideraron el consumo evitado por automóviles, utilitarios, taxis, ómnibus y camiones impulsados por energía, así como los tributos aplicables a los combustibles más utilizados en el país.
Al mismo tiempo, el trabajo señaló que la utilización de corriente para la carga de vehículos aportó ingresos adicionales por unos USD 9.6 millones durante el mismo período. La diferencia entre ambas magnitudes alimenta una discusión que ya comenzó a instalarse en varios mercados con altos niveles de electrificación: cómo sostener los recursos históricamente vinculados al consumo de combustibles cuando la transición energética alcance una escala mayor.
EL DEBATE SOBRE LOS INCENTIVOS YA LLEGÓ AL TERRENO FISCAL
En este sentido, durante un desayuno que tuvo lugar la mañana del día de ayer, organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, titulado “La dura realidad: datos, análisis y perspectiva”, el director ejecutivo de la institución, Ignacio Munyo, defendió una reducción gradual de las exoneraciones destinadas a los vehículos eléctricos y coincidió con la orientación planteada por el gobierno para avanzar hacia una menor carga de beneficios para las unidades particulares.
El economista sostuvo que los automóviles eléctricos deberían comenzar a tributar el IMESI y asumir una menor bonificación en la patente, aunque se mostró partidario de mantener las ventajas arancelarias vigentes. “No hay forma de sostener una ciudad con un parque automotor que se multiplicó tres veces y medio en 25 años“, afirmó.
Tomando como base las ventas actuales de unidades electrificadas, que en 2025 rondaron las 20.000 unidades y podrían acercarse a las 30.000 durante este año, CERES calculó que una disminución parcial de los incentivos permitiría al Estado obtener unos 90 millones de dólares adicionales por año, incluso contemplando una eventual caída de un tercio en las ventas de vehículos eléctricos.
“¿Vale la pena, cuando no existe margen para disponer de más recursos, destinar 90 millones de dólares a autos eléctricos? Nosotros creemos que no, que existen otros destinos prioritarios para esos fondos”, expresó Munyo.
La postura del centro de estudios aparece mientras continúan las discusiones sobre las proyecciones presupuestales y pocos días después de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en un momento donde la administración busca compatibilizar las metas fiscales con distintas políticas de estímulo.
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