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Lunes, 22 de junio 2026
Esquema normativo
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Un análisis elaborado por el asesor legal de FECRA, Mariano Tessone, detalla los cambios más importantes introducidos en la Ley de Contrato de Trabajo. La digitalización de procesos, la flexibilización de determinadas modalidades de contratación y el sistema indemnizatorio aparecen entre los puntos de mayor impacto para el sector.
La reciente reforma de la Ley de Contrato de Trabajo comienza a abrir una nueva etapa para las relaciones laborales en Argentina y las Estaciones de Servicio se encuentran entre las actividades que deberán adaptarse a un esquema normativo significativamente diferente al vigente durante las últimas décadas.
La complejidad operativa que caracteriza al expendio de combustibles, con planteles que trabajan en turnos rotativos durante las 24 horas, obliga a las empresas a prestar especial atención a las modificaciones introducidas por la legislación. En ese contexto, el abogado Mariano Tessone, asesor legal de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, elaboró un detallado informe que resume los principales cambios y sus posibles implicancias para la actividad.
Uno de los aspectos más relevantes está relacionado con la simplificación administrativa. La reforma elimina la obligación de llevar el tradicional libro laboral especial y concentra la registración de los trabajadores en los sistemas de ARCA. Para las Estaciones de Servicio, especialmente las pequeñas y medianas empresas, esta medida representa una reducción de cargas burocráticas y una mayor digitalización de los procesos internos.
La misma lógica se observa en la documentación laboral. Los recibos de sueldo podrán emitirse en formato digital y los certificados laborales podrán entregarse electrónicamente o incluso estar disponibles a través de plataformas oficiales. Esto permitirá agilizar trámites que hasta ahora requerían importantes tareas administrativas y costos operativos adicionales.
Otro cambio de interés para los empresarios del sector es la ampliación de las facultades organizativas del empleador. La reforma flexibiliza determinados aspectos vinculados a la modificación de condiciones laborales y elimina procedimientos judiciales que anteriormente permitían cuestionar con rapidez algunas decisiones empresariales.
En materia de contratación, el período de prueba mantiene la extensión a seis meses incorporada por la Ley Bases y desaparece la obligación de otorgar un preaviso de quince días cuando la desvinculación ocurre dentro de ese plazo. Asimismo, se flexibilizan los contratos a tiempo parcial, permitiendo una mayor adecuación de las jornadas a las necesidades concretas de cada establecimiento.
La organización de la jornada laboral constituye otro de los capítulos que despierta interés entre los operadores. La incorporación de mecanismos de compensación mediante bancos de horas y francos compensatorios abre la posibilidad de administrar con mayor flexibilidad los tiempos de trabajo. Sin embargo, Tessone advierte que su implementación requerirá acuerdos formales y deberá respetar los límites máximos previstos por la normativa vigente.
La reforma también introduce cambios profundos en el sistema indemnizatorio. Entre otras cuestiones, redefine los conceptos que integran la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, excluyendo determinados pagos no mensuales como aguinaldos, vacaciones y algunos premios. A ello se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que comenzará a regir a partir de noviembre y que busca generar previsibilidad financiera para afrontar futuras desvinculaciones.
Desde la óptica empresaria, otro punto destacado es la eliminación de numerosas multas laborales que durante años incrementaron los costos de los litigios. No obstante, el especialista aclara que ello no implica una relajación de los controles, ya que la falta de registración de trabajadores continuará generando consecuencias económicas importantes y podrá derivar en reclamos por parte de los organismos de recaudación y seguridad social.
Las nuevas disposiciones también incorporan reglas más estrictas para la acreditación de licencias por enfermedad, estableciendo requisitos específicos para los certificados médicos y mecanismos de intervención en caso de discrepancias entre los diagnósticos presentados por el trabajador y los controles efectuados por la empresa.
Por otra parte, se regulan con mayor precisión situaciones vinculadas a bloqueos, ocupaciones de establecimientos y otras medidas de acción directa, estableciendo causales objetivas que pueden configurar injurias graves para justificar despidos. Se trata de una cuestión particularmente sensible para las Estaciones de Servicio, que por la naturaleza estratégica de la actividad suelen verse afectadas por conflictos sindicales o medidas de fuerza.
Si bien muchas de las modificaciones buscan reducir cargas administrativas y aportar previsibilidad, Tessone consideró que su puesta en marcha exigirá una evaluación detallada para armonizar los nuevos instrumentos con la realidad laboral del sector estacionero.
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