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La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina evaluó los alcances del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, una iniciativa oficial orientada a promover proyectos productivos mediante beneficios fiscales y facilidades para la incorporación de equipamiento e infraestructura.
Las Estaciones de Servicio comenzaron a poner la mirada sobre nuevas herramientas impulsadas por el Gobierno nacional para promover inversiones productivas. En ese contexto, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina analizó los alcances del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema orientado a estimular desembolsos vinculados con infraestructura, equipamiento y modernización tecnológica.
La iniciativa despertó interés dentro del sector debido a que contempla beneficios fiscales considerados clave para actividades que requieren actualización permanente de instalaciones, incorporación de tecnología y mejoras operativas.

Durante un encuentro organizado por dirigentes empresariales, referentes estacioneros repasaron las posibilidades concretas de aplicar el programa en proyectos vinculados con eficiencia energética, automatización de procesos, reconversión tecnológica y adecuación edilicia.
El régimen apunta a promover inversiones destinadas al desarrollo de actividades productivas, compra, fabricación e importación de bienes muebles nuevos. Además, incluye iniciativas relacionadas con sistemas de riego, ahorro energético y otras mejoras vinculadas con infraestructura. En cambio, no contempla inversiones financieras, bienes de cambio ni automóviles.
Uno de los aspectos que generó mayor expectativa dentro del empresariado fueron los incentivos tributarios previstos para quienes adhieran al esquema. El programa establece amortización acelerada para bienes muebles en un plazo de dos años, mientras que las inversiones relacionadas con eficiencia energética podrán amortizarse en una sola cuota.
A eso se suma la devolución anticipada del IVA, prevista luego de tres meses desde realizada la inversión, un beneficio que podría mejorar el flujo financiero de las empresas y facilitar la ejecución de proyectos de actualización tecnológica.
Dentro de la actividad consideran que estas herramientas podrían convertirse en una oportunidad concreta para avanzar con obras postergadas o incorporar equipamiento que permita reducir costos operativos y mejorar competitividad.
El interés también aparece asociado a la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias vinculadas con sustentabilidad, ahorro energético y digitalización administrativa, factores que comienzan a ganar peso dentro del negocio minorista de combustibles.
En ese sentido, muchas empresas analizan inversiones orientadas a iluminación de bajo consumo, paneles solares, automatización de surtidores, sistemas de monitoreo remoto y plataformas digitales para gestión operativa.

El RIMI establece además diferentes categorías según el volumen comprometido en cada proyecto. Para microempresas, el piso mínimo arranca en 150 mil dólares; para pequeñas compañías, el límite alcanza los 600 mil dólares; mientras que para medianas tramo 1 asciende hasta 3,5 millones. En el caso de medianas tramo 2, el tope llega a 9 millones de dólares.
La segmentación busca facilitar el acceso al programa para empresas de distintas escalas, incluyendo operadores independientes y grupos regionales que habitualmente encuentran mayores dificultades para financiar procesos de modernización.
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