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Martes, 28 de abril 2026
Nuevo registro
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El ENARGAS oficializó un esquema más exigente para los representantes técnicos del sistema de Gas Natural Vehicular. La medida redefine roles, endurece requisitos y apunta a reforzar la seguridad y trazabilidad en toda la cadena.
El Gobierno nacional avanzó en una reconfiguración significativa del sistema de Gas Natural Vehicular con la formalización de un nuevo esquema de registro para los Representantes Técnicos, figuras centrales en la operatoria del sector. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce un conjunto de exigencias que impactan directamente en talleres, fabricantes y otros actores vinculados a la actividad.
El nuevo Registro de Representantes Técnicos establece que todos los profesionales que deseen desempeñarse en ese rol deberán inscribirse de manera individual, contar con título universitario de ingeniería y acreditar incumbencias específicas para actuar dentro del sistema. A partir de ahora, cada técnico tendrá un legajo único, con número de registro otorgado por el ENARGAS, cuya vigencia estará condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos exigidos.
La iniciativa busca reforzar el control técnico y elevar los estándares de seguridad en un sistema que involucra desde la instalación y revisión de equipos hasta la certificación de componentes críticos. En ese sentido, la normativa incorpora un enfoque más riguroso sobre la responsabilidad profesional, estableciendo que los representantes técnicos deberán asumir una responsabilidad solidaria por eventuales infracciones cometidas por los sujetos a los que representan.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo esquema es la exigencia de documentación respaldatoria bajo carácter de declaración jurada. Los postulantes deberán presentar datos personales, acreditar matrícula profesional vigente sin sanciones, constancias ante organismos fiscales y certificaciones emitidas por distribuidoras de gas. Además, deberán renovar anualmente parte de esa documentación entre el 1 de enero y el 31 de marzo, lo que introduce una dinámica de actualización permanente.
La regulación también incorpora mayores precisiones sobre el alcance operativo del rol. Los representantes técnicos deberán detallar la zona geográfica en la que prestarán servicios y demostrar que pueden ejercer sus funciones de manera efectiva, especialmente en casos de representaciones múltiples. El ENARGAS evaluará estos esquemas considerando factores como distancias, horarios y volumen de operaciones, con el objetivo de evitar que la supervisión técnica se convierta en una formalidad sin control real.
En paralelo, se establecen incompatibilidades específicas para evitar conflictos de interés dentro del sistema. Por ejemplo, un representante técnico de un productor de equipos completos no podrá desempeñarse simultáneamente en talleres de montaje vinculados contractualmente con ese mismo actor, salvo excepciones puntuales vinculadas a la ubicación física.
El alcance de las responsabilidades también se amplía según el tipo de actividad. En centros de revisión periódica de cilindros, los RT deberán controlar integralmente el proceso de inspección; en talleres, supervisar la carga de datos en sistemas informáticos; y en fábricas o importadores, garantizar la correcta ejecución de ensayos y controles finales. En todos los casos, la norma pone el foco en una supervisión efectiva y no meramente administrativa.
Otro aspecto relevante es la decisión de hacer público el listado de representantes técnicos habilitados, lo que permitirá a los distintos actores del sistema -y al público en general- consultar quiénes están autorizados para ejercer estas funciones. Esta medida apunta a mejorar la transparencia y facilitar la trazabilidad en la cadena de valor del GNC.
Desde el sector, la medida es leída como un paso hacia una mayor profesionalización, aunque también genera interrogantes sobre su impacto en los costos operativos y en la disponibilidad de recursos técnicos, especialmente en regiones donde la oferta de profesionales es más limitada. La exigencia de cumplimiento permanente y la responsabilidad solidaria podrían derivar en un encarecimiento de los servicios técnicos, trasladándose eventualmente a los usuarios finales.
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