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Lunes, 27 de abril 2026
Resolución General 5835/2026
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El flamante presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero, Pedro Llorvandi, criticó el nuevo esquema de controles obligatorios sobre combustibles y anticipó gestiones para revisar los sobrecostos.
Con una nueva conducción y un escenario regulatorio más complejo, el sector estacionero inicia una etapa en la que deberá equilibrar cumplimiento normativo y sostenibilidad económica, en un negocio donde ahora cada litro también se audita.
Al frente de la entidad, Pedro Llorvandi, dejó en claro cuál será el eje de su gestión: cuestionar los sobrecostos derivados de exigencias que considera desactualizadas. “Estamos encaminados en solucionar el problema del control de calidad de los productos”, afirmó a Surtidores.
El nuevo esquema dispuesto por ARCA a través de la Resolución General 5835/2026, vuelve a poner el énfasis en que cada descarga de combustible deberá ser analizada mediante reactivos capaces de detectar marcadores químicos, pero esta vez con fuertes sanciones en caso de incumplimientos. La medida busca reforzar la trazabilidad de productos alcanzados por impuestos específicos, especialmente en casos con beneficios fiscales.
En la práctica, ninguna entrega podrá concretarse sin ese control previo. A su vez, los resultados deberán ser registrados y reportados al organismo dentro de los cinco días corridos a través de un sistema digital que comenzará a operar en julio de 2026. Hasta entonces, las Estaciones de Servicio deberán sostener registros manuales, sumando burocracia en un período de transición.
El cambio más profundo, sin embargo, es conceptual: las estaciones dejan de ser meros puntos de venta para asumir funciones de auditoría. Si detectan irregularidades -como inconsistencias en los marcadores- deberán informarlas, bajo un esquema de responsabilidad solidaria que puede derivar en importantes multas.
Frente a este escenario, Llorvandi advirtió una objeción de fondo. “En muchos casos, el combustible es propiedad de la petrolera bajo modalidad consignada. Sale de planta, se transporta con logística propia y llega a la estación bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué injerencia tiene el estacionero en controlar algo que no es suyo?”, cuestionó.
El dirigente también puso en duda la vigencia de estas exigencias frente a los avances tecnológicos. “Hoy hay seguimiento satelital minuto a minuto. Estas normativas vienen de otra época”, sostuvo.
El alcance de la resolución no distingue tamaño ni volumen de operaciones: todas las Estaciones de Servicio deberán adaptarse, incorporando equipamiento, capacitando personal y reforzando controles documentales. Incluso deberán verificar que facturas y remitos incluyan detalles técnicos sobre el estado del combustible y los trazadores utilizados, bajo riesgo de presunciones fiscales en su contra.
El impacto económico aparece como una de las principales preocupaciones. “Es un gasto innecesario que se le está imponiendo a todas las estaciones del país”, advirtió Llorvandi, anticipando gestiones para revisar la normativa.
En paralelo, la Secretaría de Energía analiza alternativas tecnológicas para modernizar los sistemas de control y reducir costos, en línea con un proceso de desregulación orientado a fomentar la competencia. Pero en el corto plazo, la exigencia es más controles, más responsabilidades y menor margen de error.
La nueva comisión directiva de CEPASE quedó integrada por Pedro Llorvandi (presidente), Bettina Pérez Curbello (vicepresidenta), Nicolás Javier Bianchi (secretario), Tomás Abdala (prosecretario), Jorge Ariel Saad (tesorero), Ernesto Mazoud (protesorero), Silvia Magali Ibáñez (vocal titular), Fernando Ariel Bertolotti (vocal titular), Andrés Mariano Rojas (vocal titular), Ignacio Escontrela (vocal suplente), Sebastián Afid Schamun (vocal suplente), Luis Fabián Enrico (vocal suplente), Silvana Mariel Tain (revisora de cuentas titular) y María Silvia Carpi (revisora de cuentas suplente).
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