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La presentación anual del Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos debe realizarse antes del 1° de abril. Especialistas indican que la obligación alcanza a prácticamente todo el sector de expendio de combustibles.
A medida que se acerca el cierre del primer trimestre del año, las Estaciones de Servicio deben prestar atención a uno de los vencimientos más sensibles en materia de seguridad laboral. El próximo 30 de marzo expira el plazo para presentar la declaración anual del Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos, exigencia establecida por la normativa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que obliga a informar la exposición de trabajadores a este tipo de agentes durante el año anterior.
La obligación surge de la Resolución 81/2019 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que creó el Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos. Este mecanismo exige a los empleadores declarar anualmente, mediante una declaración jurada presentada a través de la ART, la presencia de estas sustancias en sus establecimientos, la cantidad de trabajadores potencialmente expuestos y las medidas preventivas adoptadas. El objetivo es fortalecer la vigilancia epidemiológica y prevenir enfermedades profesionales vinculadas a la exposición laboral a agentes cancerígenos.

En el caso del sector de expendio de combustibles, la normativa cobra especial relevancia debido a la manipulación de hidrocarburos y derivados, por lo que prácticamente todas las estaciones que comercializan combustibles líquidos quedan alcanzadas por la exigencia.
En diálogo con Surtidores, la licenciada en Higiene y Seguridad de la consultora DURAMADRE, Silvana Castiglione, recordó que el trámite no sufrió modificaciones en los últimos años y debe realizarse con la misma lógica administrativa que se viene aplicando desde la creación del sistema.
“El 30 de marzo vence el registro de agentes cancerígenos. Siempre se presenta un año vencido: en 2026 declaramos a las personas que estuvieron expuestas durante 2025”, explicó la especialista.
Castiglione señaló que muchas empresas creen que la obligación solo aplica si hubo casos concretos de exposición, pero aclaró que la norma exige informar igualmente la situación del establecimiento, incluso cuando el riesgo sea potencial o indirecto.
“El informe se presenta como declaración jurada a través de la ART y debe incluir la información del comercio y de los trabajadores vinculados a la actividad”, detalló.
La especialista recomendó a los estacioneros no esperar a último momento, ya que el sistema suele registrar una fuerte carga de presentaciones en los días previos al vencimiento. “Sí o sí debe presentarse antes del primero de abril, porque es obligatorio para todas las estaciones que operan con combustibles líquidos”, remarcó.
Además, advirtió que el incumplimiento de la obligación puede generar consecuencias administrativas. “Si no se presenta, la empresa puede incurrir en una multa por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, alertó.

La resolución que regula este sistema establece que quienes produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias incluidas en el listado de agentes cancerígenos deben inscribirse en el registro y mantener actualizada la información mediante declaraciones anuales. La inscripción se realiza a través de la ART y permite a las autoridades monitorear los riesgos laborales y exigir medidas preventivas en cada actividad.
En ese marco, Castiglione subrayó que el registro forma parte de las herramientas de control sanitario que buscan proteger la salud de los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas y que, en el caso de las Estaciones de Servicio, se vincula directamente con la manipulación de combustibles y vapores derivados.
Por ello, recomendó a los operadores del sector revisar con anticipación la documentación y coordinar con sus asesores de higiene y seguridad la carga de datos correspondiente al período 2025, para evitar demoras y posibles sanciones. Según la especialista, el cumplimiento de esta obligación no solo responde a una exigencia legal, sino que también permite mantener actualizada la trazabilidad de los riesgos laborales y fortalecer las políticas de prevención dentro de cada establecimiento.
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