Estaciones de GNC pagan más de 21.000 millones de pesos al año por un concepto que no aporta beneficios operativos

El reciente Decreto 452/25, publicado por el Gobierno Nacional, establece la reglamentación de la unificación del ENARGAS y el ENRE en un solo ente regulador, tal como lo dispone la Ley 27.742. Esta medida representa el primer paso de una serie de decisiones estructurales que podrían modificar el funcionamiento del sector energético argentino. En particular, se abre una oportunidad para revisar mecanismos regulatorios que hoy no se justifican técnicamente, pero que siguen impactando negativamente en sectores sensibles como el del Gas Natural Comprimido.

El sector del GNC, compuesto por estaciones de expendio, talleres, fabricantes y comercializadores de equipos, atraviesa una situación crítica. Desde el fin de la pandemia, el consumo registró una caída sostenida. El despacho promedio diario pasó de 7 millones de metros cúbicos por día a menos de 5,5 millones. En la actualidad, muchas estaciones no alcanzan a cubrir sus costos operativos, y el cierre de bocas de expendio se ha convertido en un fenómeno habitual en todo el país.

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Uno de los factores estructurales que agravan esta crisis es el sistema de cargos establecidos a partir del Decreto 180/04, aún vigente, que dividió a las estaciones de GNC en dos categorías: Firmes e Interrumpibles. Esta medida, implementada en un contexto de crecimiento del sector, escasa infraestructura de transporte y producción de gas natural, tenía como objetivo administrar mejor la capacidad de los gasoductos y habilitar la entrada de nuevos operadores. Sin embargo, con el tiempo, esta segmentación perdió sentido.

El Decreto  también introdujo el “Cargo por Reserva GNC”, que obliga a las estaciones con contratos firmes a pagar por una disponibilidad prioritaria del suministro de gas. En teoría, este cargo debería asegurar el despacho ininterrumpido del combustible, otorgando prioridad a esas estaciones en caso de restricciones. En la práctica, hoy resulta innecesario: la capacidad instalada se expandió, la oferta de gas se estabilizó —impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta— y el abastecimiento del sistema (a pesar de situaciones excepcionales) se realiza sin inconvenientes.

Según los datos relevados por el consultor y especialista Gustavo Salomón, una estación que contrata una reserva diaria de 7.500 metros cúbicos paga más de 1,1 millones de pesos mensuales por este concepto, totalizando unos 13,6 millones de pesos anuales. Si se extrapola este valor al universo de estaciones de GNC con contratos firmes en todo el país, el gasto supera los 21.000 millones de pesos al año. Un monto enorme que se transfiere desde un sector en crisis hacia un servicio que no presenta contraprestación operativa alguna.

El argumento de fondo es contundente: cuando se corta el suministro a estaciones interrumpibles, ese volumen de demanda se desplaza automáticamente a las firmes. Es decir, no hay una merma real en el consumo, sino una redistribución. Por lo tanto, el sistema no se beneficia en términos de alivio operativo. La lógica que justificaba el cargo en 2004 ha quedado completamente desactualizada.

En sus primeros años, incluso el propio ENARGAS reconocía la fragilidad del esquema y destinaba una reserva de 5.000 m³/día para estaciones interrumpibles, a fin de evitar cortes totales. Más tarde, ante la desaparición de esa reserva especial, las distribuidoras comenzaron a ofrecer cargos “semi-firmes” con descuentos, buscando que las estaciones interrumpibles migraran al esquema firme, a cambio de una dudosa mejora en la prioridad de despacho.

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Actualmente, todas las estaciones —firmes o interrumpibles— negocian anualmente sus contratos de provisión en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, asegurando el suministro de gas. Esto demuestra que el esquema de reservas perdió su sentido y que el cargo asociado solo encarece la operación.

“Eliminar este cargo permitiría un alivio directo y automático para cientos de estaciones”, apunta Salomón en diálogo con surtidores.com.ar. “No se necesita infraestructura nueva, ni subsidios, ni programas especiales, solo una decisión normativa que ponga fin a una regulación obsoleta. La derogación del Decreto 180/04 o su adecuación a las condiciones actuales del sistema permitiría devolverle previsibilidad y rentabilidad a una actividad estratégica para el transporte liviano y pesado, en especial en regiones donde el GNC representa la única opción económicamente viable”, opina.

Y agrega: “en un momento donde la eficiencia del gasto público y privado es clave, no tiene sentido sostener estructuras regulatorias que encarecen innecesariamente una actividad que podría ser parte de la solución energética. Más aún si consideramos el potencial del GNC para el transporte pesado, el transporte público y la logística de mediana distancia, donde la reconversión hacia energías más limpias y económicas es una necesidad urgente”.