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Viernes, 16 de mayo 2025
Reformas
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La habilitación del autoservicio abre un nuevo escenario para el sector. Expectativas, desafíos técnicos y jurídicos, y un horizonte de cambios en la operatoria comercial que genera tanto oportunidades como incertidumbre.
La reciente autorización oficial del sistema de autodespacho en Estaciones de Servicio, a través del Decreto 46/2025y laResolución 147/2025, comienza a desplegar una serie de implicancias que el sector observa con prudencia. En un clima marcado por la desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei, las expendedoras de combustibles enfrentan el desafío de incorporar una modalidad que promete eficiencia operativa pero que también conlleva interrogantes estructurales, en especial en lo relativo a la dotación de personal.
Aunque el nuevo marco legal no impone la obligatoriedad del autoservicio, su habilitación genera expectativas dispares. Para algunos, se trata de una herramienta para modernizar el negocio, optimizar costos y responder a nuevos hábitos de consumo. Para otros, podría convertirse en una vía indirecta hacia la reducción de puestos de trabajo en un escenario laboral ya tensionado por reformas que flexibilizan las condiciones de contratación.
Desde el plano operativo, el autodespacho no es un simple cambio de dinámica comercial: exige inversiones concretas en tecnología, seguridad y control. Entre los requisitos se destacan la instalación de equipamiento homologado, sistemas de corte automático, señalización adecuada y una auditoría técnica realizada por un profesional habilitado, que debe actualizarse cada dos años o ante cualquier modificación sustancial del sistema.
En paralelo, las modificaciones introducidas por la nueva legislación laboral —como la extensión del período de prueba de tres a seis meses y la eliminación de penalidades por empleo no registrado— generan inquietud en distintos ámbitos. Según el abogado laboralista Pedro Burgos, consultado por surtidores.com.ar, “estas liberalizaciones, en lugar de generar nuevas fuentes de empleo, tienden a profundizar la precarización existente”.
El especialista advirtió que el contexto de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, combinado con el debilitamiento de derechos laborales, configura un escenario regresivo. “La alta litigiosidad es utilizada como justificación para flexibilizar la legislación, pero en la práctica las reformas solo abaratan el despido y debilitan la posición del trabajador ante eventuales arbitrariedades, sobre todo cuando la relación laboral no está registrada o presenta irregularidades”, explicó.
En esta línea, Burgos advirtió que el avance del autodespacho no puede analizarse de manera aislada, sino que debe entenderse como parte de un proceso que puede alterar el vínculo tradicional entre los estacioneros y sus trabajadores. “Es esencial que los empresarios del sector se involucren activamente en el debate normativo y trabajen junto a las cámaras y los sindicatos para evitar una precarización irreversible”, subrayó.
Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, el autodespacho también es visto como una oportunidad para adaptarse a los cambios del mercado y mejorar la competitividad. Bajo ciertas condiciones, su implementación podría significar una optimización de recursos sin necesariamente traducirse en una pérdida masiva de empleos, sino en una redefinición de funciones y perfiles laborales.
En este sentido, algunas compañías petroleras ya comenzaron a experimentar con esquemas mixtos que combinan el servicio tradicional con el autoservicio, especialmente durante horarios nocturnos o en estaciones ubicadas en zonas de menor tránsito. Esta modalidad permitirá una gestión más eficiente del personal y ofrecerá al cliente una alternativa operativa sin resignar estándares de seguridad ni calidad de atención.
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