Crecen los cuestionamientos al tratamiento que le da el Gobierno a los impuestos a los combustibles

El esquema tributario argentino, especialmente en lo referido a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, se encuentra en el centro de una nueva controversia política y económica. En este sentido, legisladores opositores han planteado una serie de cuestionamientos que ponen bajo la lupa la eficiencia del sistema y el cumplimiento de las leyes vigentes.

La solicitud, presentada por un grupo de diputados, apunta directamente al Poder Ejecutivo y exige aclaraciones sobre el mecanismo de actualización y distribución de los fondos recaudados. Según los legisladores, el impuesto a los combustibles líquidos presenta múltiples distorsiones. Una de las más relevantes es su carácter coparticipable, que destina apenas el 10,4 por ciento de lo recaudado a las provincias, a pesar de tratarse de un recurso que impacta transversalmente en la economía nacional.

Además, subrayan que este tributo, junto con otros como el IVA y la tasa de Ingresos Brutos, genera un efecto cascada sobre el precio final al consumidor. Este fenómeno, característico de varios sectores de la economía, refuerza la presión fiscal sin que las empresas del sector absorban los impuestos, trasladando el costo al bolsillo de los ciudadanos.

También critican el uso de decretos para realizar ajustes en los montos del impuesto, una práctica recurrente durante 2024, que incluyó prórrogas sucesivas hasta fines de ese año. Ahora, el decreto en cuestión estipula que los incrementos postergados comenzarán a aplicarse este mes, lo que ya genera preocupación por el impacto en los precios del combustible y, por ende, en la economía en general.

Sin embargo, el foco de la solicitud no radica en cuestionar la naturaleza del impuesto, sino en garantizar el cumplimiento estricto de las leyes que regulan su distribución. En este sentido, se exige al Poder Ejecutivo que informe sobre el destino del 28,58 por ciento de la recaudación, porcentaje que debería estar destinado a obras públicas, especialmente viales y de transporte.

La preocupación se fundamenta en los datos proporcionados por la Jefatura de Gabinete, que revelan un alarmante nivel de subejecución presupuestaria en 2024, con menos del 25 por ciento del presupuesto destinado a estas áreas efectivamente ejecutado. Este retraso afecta particularmente a las economías provinciales, que dependen de la infraestructura vial para su desarrollo.

El debate no es nuevo. Especialistas y sectores políticos de todas las orientaciones coinciden en que el esquema tributario argentino es ineficiente, aunque las razones que esgrimen varían según la perspectiva. Algunos lo consideran regresivo, otros asfixiante. Pero mientras se trabaja en una eventual reforma estructural que requiere consenso general, los legisladores enfatizan la necesidad de respetar las normas vigentes.

Entre los firmantes de la iniciativa se encuentran los diputados María Eugenia Alianiello, Eduardo Toniolli, Daniel Gollan y Santiago Cafiero, entre otros. El pedido no sólo apunta a un debate técnico, sino que pone en evidencia un reclamo político en un año que promete estar marcado por tensiones económicas y fiscales.