La reciente victoria de Yamadú Orsi como presidente de Uruguay, ha abierto un espacio de discusión sobre sus propuestas relacionadas con la liberalización de los combustibles y la situación de ANCAP, la empresa estatal de petróleo, por lo que cobra especial énfasis su compromiso a analizar la libre importación en un discurso en la ciudad de Artigas en setiembre pasado.

Durante su campaña,  Orsi había abordado estos temas con cautela, subrayando la necesidad de proteger la producción nacional y la importancia de un análisis cuidadoso antes de implementar cambios significativos.

Uno de los aspectos destacados en su discurso en la frontera, fue la posibilidad de desmonopolizar el mercado de combustibles, una medida que, según su propia evaluación, debería ser considerada con precaución.

DIFERENCIAS ENTRE, CHUY, SALTO Y ARTIGAS

Orsi señaló la importancia de evitar decisiones que pudieran amenazar la producción nacional, indicando que cualquier cambio en la estructura del mercado debería tener en cuenta la realidad productiva de Uruguay.

Respecto a la fijación de precios, mencionó que durante los gobiernos del Frente Amplio, los ajustes se realizaban una o dos veces al año, pero que la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificó esta dinámica, permitiendo revisiones mensuales basadas en informes de diversas instituciones. Aunque evitó dar una opinión definitiva sobre la frecuencia de estas revisiones, dejó claro que su equipo se encargará de analizar la situación de manera adecuada.

La disparidad en los precios de los combustibles en las regiones fronterizas también fue un tema de discusión. Orsi expresó que las políticas económicas no deben ser uniformes para todas las zonas del país, ya que las condiciones y necesidades pueden variar significativamente entre localidades como Chuy, Artigas o Salto.

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ENFOQUE A PROTEGER LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Esta visión sugiere un enfoque más regionalizado en la gestión de recursos y la implementación de políticas que aborden las particularidades de cada territorio.

En resumen, el nuevo presidente de Uruguay se enfrenta a un reto importante en la gestión de la política de combustibles, con un enfoque en la protección de la producción nacional y la consideración de las diferencias regionales, mientras mantiene la disposición de evaluar cambios en la regulación del sector.

Será clave observar cómo estas propuestas se traducen en acciones concretas a lo largo de su mandato.