En las vísperas de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) ha generado controversia al emitir la Resolución 693/2023, la cual exige la capacitación obligatoria del personal en las Bocas de Carga de Gas Natural Comprimido.

Este nuevo requisito ha provocado la preparación de una nota de rechazo por parte de empresarios del sector, quienes expresan preocupaciones sobre los costos adicionales que conllevará.

ENARGAS exigirá capacitación obligatoria para empleados de Estaciones de Servicio de GNC

La normativa, tiene como objetivo fortalecer el marco regulatorio y garantizar una instrucción efectiva para los trabajadores involucrados en las operaciones diarias relacionadas con el Gas Natural Vehicular. ENARGAS destaca la necesidad de establecer un sistema que brinde mayor confianza en términos de seguridad y sustentabilidad, haciendo énfasis en un control eficiente en la fase previa al abastecimiento, reconocida como crítica para la seguridad pública.

En medio del crecimiento sostenido en el uso del gas como combustible vehicular, la resolución establece que cada sujeto involucrado debe presentar la acreditación de las capacitaciones de su personal respaldada por un certificado emitido por una entidad educativa habilitada por el Ministerio de Educación de la Nación o la autoridad competente correspondiente ante la Licenciataria de Distribución correspondiente al área en la que esté ubicada. Los cursos obligatorios incluyen uno destinado a Supervisores de Playa y otro para Operadores de Playa, buscando abordar de manera integral las tareas en las Estaciones de Servicio de GNC.

Tras los aumentos de las naftas, expendedores reclaman políticas públicas a favor del GNC

En diálogo con surtidores.com.ar, Guillermo Lego, gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), informó que están elaborando una nota y comentarios respecto a este nuevo requerimiento. “La norma NAG 418 ya indica la necesidad de capacitación del personal y además subsiste la inquietud de quién y cómo se asumirá el costo, como así también determinar que institución universitaria está en condiciones de brindarla”, sostuvo.

Por su parte, Mauricio Posse, integrante de la Comisión de Gas Aplicado del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica, Electricista, Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Actividades Afines (COPIME) argumenta que la medida es de difícil aplicación, ya que no existe entidad habilitada para desarrollar la actividad. Asimismo, asegura que representa un gasto innecesario para los estacioneros, generando preocupación en el sector ante los posibles impactos económicos derivados de esta nueva normativa.