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Las cámaras provinciales avanzan en diferentes gestiones con los integrantes de los gabinetes locales para evitar la judicialización de los diferendos entre los prestadores de servicios y las expendedoras. Destacan que en muchos casos, la intervención de los gobiernos de cada provincia alcanzó soluciones puntuales.
La semana pasada, representantes de la Comisión de GNC de la Cámara de Expendedores de Entre Ríos, tuvieron un encuentro con el Secretario de Trabajo Provincial, Ángel Zacarías, en el cual le plantearon las dificultades de los asociados ante el retraso del cumplimento de aportes sindicales y de obras sociales.
En la reunión, los estacioneros expresaron que “el haber mantenido abiertos nuestras Pymes y paralelamente haber sostenido el pleno empleo, ha generado en muchos casos un conjunto de deudas posteriores al 19 de marzo (fecha que se decretó el ASPO en todo el país), que deben ser resueltas evitando la participación de la justicia a fin de proseguir con el giro comercial”.
“En este sentido es necesaria la participación de la política a fin de desinteresar a organismos e individuos que insisten en cancelaciones de estas deudas COVID como si nada hubiera pasado”, expresaron en la reunión.
Los expendedores informaron al funcionario, que la delegación entrerriana del sindicato comenzó a enviar cartas documento exigiendo la puesta al día de quienes no abonaron los últimos meses de las sumas correspondientes a los conceptos expresados.
En ese sentido, los representantes de la CECAER dijeron a surtidores.com.ar que el compromiso del funcionario ya se concretó en algunas cuestiones como por ejemplo, la propuesta de la empresa provincial de la Energía que propuso planes de pago en 12 cuotas.
Adelantaron que Zacarías además los convocará en los próximos días para trabajar en conjunto con la Ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, porque dijeron “es momento de acercarse al sindicato para comenzar la negociación”.
Los dirigentes aseguraron que esas deudas generaron una combinación de obligaciones no resueltas, que fueron la clave para mantener los negocios a flote durante la crisis sanitaria.
Finalmente, advirtieron que la judicialización del cobro de estas morosidades generaría el quebranto en una cantidad significativa de bocas de expendio, cuyos dueños enfrentaron el momento inesperado que se vivió en el 2020 de la mejor manera posible, para sostener los puestos de trabajo y la actividad esencial que impuso el gobierno al sector estacionero.
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