¿La escasez de combustibles es el resultado de un conflicto o es el conflicto mismo?

Por el Dr. Miguel Angel Bonillo

En el curso de la última semana directivos de la mayor empresa petrolera del país han compartido  actos y además reuniones con las mas importantes autoridades nacionales, incluyendo en alguno de ellos a la Presidenta de la Nación (anuncio del hallazgo de reservas gasíferas,  inauguración del “Camión Club Argentino”, conflicto laboral en Chubut). En este contexto sería poco creíble que YPF haya dispuesto incrementar “per se” el precio de sus productos violando los dictados de la Resolución 295 sin contar con el visto bueno de las autoridades, y el conocimiento de la derogación de la norma que le impedía hacerlo.

Lo que no deja de ser un total despropósito es que como previo o  en forma concomitante con estos aumentos no se haya dictado o al menos dado  conocer públicamente  la norma que deja sin efecto la mencionada  Resolución 295.

¿Cómo se enteran los dueños de las estaciones de servicio que pueden aplicar el aumento dispuesto sin ser pasibles de sanciones?.

Las normas están vigentes desde su notificación a quienes deban cumplirlas en el caso de las de alcance particular, y si  son de alcance general exigen, como recaudo de su aplicación, la publicación en el Boletín Oficial. En este caso no se ha hecho conocer en forma pública la existencia de una norma que dejara sin efecto la Resolución 295, aunque reitero, es de presumir que se ha anticipado su derogación y/o modificación a las petroleras que obviaron continuar cumpliéndola.  De haber mediado un mínimo de prolijidad administrativa se debería haber hecho público el criterio dispuesto por las autoridades del área brindando tranquilidad y seguridad a todos, incluyendo los consumidores. Pero la prolijidad administrativa no es un atributo de estas autoridades.

La situación de SHELL es distinta toda vez que esta empresa logró el dictado de una medida judicial cautelar en su favor, a la que hiciera referencia en otros trabajados publicados por Surtidores. Si bien esta medida cautelar fue apelada por parte del Estado, ello no impedía que la petrolera pudiera incrementar sus precios dado el efecto suspensivo del accionar del Estado que es propio de las medidas cautelares. Además, si bien la Corte Suprema no se ha expedido en tal apelación, es pacífica su jurisprudencia en entender que el tratamiento de medidas cautelares no habilita la instancia de la Corte por lo que el recurso debería ser rechazado.

Es bien sabido que el congelamiento de los precios  de  quienes obtienen su renta en la comercialización e industrialización de los combustibles no ha tenido un correlato en los costos de la actividad.

Entre los sectores perjudicados por la medida los productores de biocombustibles, en especial biodiesel, tienen un lugar especial. Por mandato de la ley 26.093 y su decreto reglamentario 109/07 a principio de este año se han comenzado a efectuar los “cortes” de naftas y gas oíl con estos productos.  La norma que estableció el congelamiento suspendió otras normas de igual jerarquía (Resoluciones de la Secretaría de Energía 1294/08 y 7/10) que había establecido criterios en la fijación de los precios de los biocombustibles que justificaron las inversiones en este sector. Según el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles  Claudio Molina, el Ministerio de Planificación habría impuesto su criterio de dejar sin efecto el congelamiento sobre los biocombustibles, y así se pasaría para el biodiesel de un valor de un valor congelado de $ 3.358,30 por tonelada (1.136 litros) para julio/agosto y setiembre de 2010 a $ 3.920 para noviembre y $ 4.200 par diciembre de 2010.

Tampoco se ha dado a conocer aún  la norma que contemplaría estos precios, pero no sería de extrañar que parte de los ingresos por los nuevos valores de los combustibles al público se destinen a pagar estos incrementos y que para destrabar este conflicto, en el que participó incluso el sector sindical con la toma de plantas, es que se han descongelado los precios. Lo cierto es que no se sabe aún si los incrementos en los precios finales ya fijados beneficiaran a las estaciones de servicio y en qué medida.

Carencia de nafta súper

El tercer tópico que hoy concita interés es el del desabastecimiento de nafta que sufre el mercado. Durante muchos años el Estado provocó el incremento en el consumo de gas oíl como consecuencia de haber aplicado una menor presión tributaria sobre este producto.  Consideró que este combustible, por estar inicialmente destinado al transporte de cargas, a la industria, el agro y otras actividades productivas debía tener un menor precio que se trasunte en menores costos a la producción y en una contribución importante en la desaceleración de la escalada de precios propia de la inflación. Sin embargo no prohibió el empleo de vehículos gasoleros a los particulares –como hicieron otros países- y rápidamente automóviles de todo tipo y también de alta gama pasaron a consumir gas oíl barato (recordemos que siempre quien compra combustibles antes compra motores). El gas oíl pasó a tener parámetros de consumo que mas que duplicaron el volumen de las naftas.

Pese a los esfuerzos tecnológicos en materia de destilación, y teniendo en cuenta los especiales tipos de petróleo que se destilan en el país, es sabido que para poder destilar los volúmenes de gas oíl necesarios para el abastecimiento también se deben destilar importantes  volúmenes de naftas (nuestra relación actual indica que sobre una base 100 para extraer un 35% de gas oíl es necesario destilar también un 28% de naftas y un 5% de fuel oíl). Un esquema racional lleva implícito que la matriz de consumo de combustibles líquidos del país debería ser análoga en su composición porcentual a la capacidad de destilación de los distintos tipos de combustibles. Si por el contrario consumimos mucho mas gas oíl que naftas para abastecernos tendremos excedentes de naftas, y además tendremos que destilar más petróleo que el necesario, lo que aparece como inadecuado tratándose de un recurso no renovable.

Recién en los últimos tres años, y en forma gradual, el precio del gas oíl se ha ajustado al valor de las naftas desalentando el consumo de este combustible.

Por otra parte, como consecuencia de la reactivación económica –inducida  mayormente por la demanda internacional de nuestros commodities agropecuarios – el consumo de gas oíl se incrementó fuertemente, por lo que la capacidad de destilación local calculada para este producto en poco mas de doce millones de metros cúbicos anuales se ha visto superada por la demanda,  y el país ha debido importarlo. Lo cierto es que para destilar este volumen de gas oíl es preciso destilar un volumen  de naftas superior a los nueve millones y medio de metros cúbicos. La pregunta inmediata que nos hacemos es si el país consume anualmente las naftas que –según las cifras oficiales de la Secretaría de Energía- destila, y la respuesta, según las misma cifras es que no.

Frente a ello también cabe preguntarnos por qué motivos se observa cada vez con mayor asiduidad, desde la vigencia de la Resolución 295/10 de la Secretaría de Comercio Interior que congelara los precios de los combustibles, la carencia de naftas – fundamentalmente nafta súper – en las estaciones de servicio, concretamente dónde está la nafta súper?

La primera repregunta que nos hacemos es si  se están exportando naftas, y lamentablemente la información oficial en materia de exportaciones energéticas a la que se accede aparece encriptada de tal manera que a prima facie no es posible dar una respuesta contundente a esta pregunta. Se debe tener en cuenta además que la capacidad de acopio de combustibles excedentes es también limitada por lo que salvo por un corto período de tiempo debe descartarse también el argumento de la reserva de este producto por las destilerías.

Otra  respuesta es común  a las prácticas comerciales que siempre aparecen cuando el Estado recurre a practicar controles que afectan la rentabilidad de las empresas que a su vez auditan el mercado. Efectúo esta caracterización a fin de dejar a salvo el rol de las estaciones de servicio que son víctimas ajenas a todo esto.

La primera estrategia ha sido la de inventar o parcializar los mercados con la anuencia explícita del Estado.

En primer lugar el precio del gas oíl para los productores agropecuarios, o para la industria es mucho más elevado que el que tienen quienes se abastecen al menudeo en una estación de servicio, por lo que frente a esta realidad se ha privilegiado el abastecimiento  de quienes pagan un mayor precio.

En segundo lugar la existencia de distintos precios  según las zonas –para todos los combustibles-  resulta de casi imposible explicación. Hay lugares cercanos a destilerías en que los productos allí producidos son mas caros que en provincias mas alejadas de las fuentes de refino.

En tercer lugar la modificación del tipo de productos conlleva siempre la justificación del incremento de precios, y este proceder no solo es propio de las combustibles sino de casi todos los productos que han sido sujetos a controles de precios. Ya hemos presenciado la casi desaparición de la nafta común a manos de la súper, y en estos días de carencia de nafta súper la oferta en reemplazo es la nafta ultra, resulta una obviedad destacar que su precio es mayor. No importa que la nafta súper tenga su precio congelado si obligo a los consumidores a comprar un sucedáneo más caro.

Si en contraposición a lo brevemente expuesto, existiera una política en materia de combustibles concertada con todos los actores de la actividad; la previsibilidad, la prolijidad y la transparencia serían la norma y los beneficios para todos.

Buenos Aires, 16/12/2010

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