Argentina entre los países con menos estaciones de servicio por habitante

Según un relevamiento de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA) en octubre de 2014 operaban 3.916 puestos de expendio de combustibles autorizados por el Ministerio de Energía y Minería, mientras que había 42.980.026 de personas censadas ese año. En promedio, un módulo de abastecimiento por cada 10.975 habitantes.

En Paraguay, en cambio, según información de las asociaciones privadas que representan a los expendedores minoristas, existe un puesto cada 2.828 personas. Es una comparación acorde, dado que la bonificación que reciben los operadores por parte de las banderas oscila en torno al 8 por ciento, al igual que en Argentina.

Y en Colombia, según se desprende contrastando los datos de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía respecto de septiembre de 2015, la media es de 8.617 usuarios por punto de carga. En Uruguay, por caso, de acuerdo a las estadísticas de Ducsa en base al año 2014, también hay más oferta disponible: una estación cada 6.961 pobladores.

Si bien en los últimos años se multiplicó el parque automotor en Argentina al punto de alcanzar 955.023 patentamientos tan solo en 2013 y la demanda de naftas y gasoil creció al ritmo de tasas chinas durante una larga década, según los resultados de la información aportada por CECHA, entre abril de 2015 y enero de este año dejaron de funcionar 12 locales, lo se traduce en una pérdida por mes.

En los últimos años, explican los empresarios, los propios proveedores fueron acaparando despachos en sus bocas propias de la red y a través de los canales de distribución directos hacia el agro, la industria, el comercio y el transporte de carga y de pasajeros, perjudicando a las Pymes.

Este proceso se dio en un contexto de caída de la rentabilidad de los expendedores independientes y de fuerte incremento de los costos operativos, impulsado por nuevas exigencias tributarias y ambientales, subas de los insumos por la devaluación de la moneda y la inflación, mayor presión fiscal de municipalidades y provincias, entre otros conceptos.