El flamante Ministerio de Energía podrá intervenir en la fijación de los precios de los combustibles

Una de las primeras medidas del flamante gobierno fue disponer los objetivos para cada área ministerial con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública. Se reglamentó a través del Decreto 13/2015, el cual lleva la firma del presidente Mauricio Macri y varios de los funcionarios designados recientemente.

Entre los muchos artículos incluidos en la normativa, se destaca la creación del Ministerio de Energía y Minería, el cual absorberá las funciones de las actuales Secretarías y sus organismos descentralizados y desconcentrados, del Ministerio de Planificación Federal.

Su función principal será asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía y minería. En ese sentido se habilitó a la cartera a tomar posición en determinadas circunstancias, algunas de ellas controvertidas, como señala el Artículo 7: “entender en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas”.

De este modo la dependencia podría sustituir las decisiones que anteriormente tomaba la Secretaría de Comercio Interior, cuando en más de una oportunidad intervino el mercado con el fin de evitar la disparada de los valores en el surtidor.

El Decreto también le otorga la potestad de ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia, entender en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos y la supervisión de los organismos y entes de control de los concesionarios de obras públicos.

Finalmente le asigna la potestad de participar en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de su competencia, así como tomar parte en la administración de las participaciones del Estado en las sociedades y empresas con actividad en el área de su competencia.