Sin postergación de impuestos, la nafta hubiera subido más de 15 por ciento

En medio de la presión por controlar la inflación, las autoridades nacionales decidieron una nueva suspensión de cargos fiscales a los hidrocarburos. De haberlos aplicado, según un análisis realizado por el consultor y especialista Cristian Bergmann, la nafta debería haber aumentado 15,1 por ciento, mientras que el gasoil hubiese sufrido un incremento del 7,8 por ciento.

El Gobierno actualizó parcialmente los impuestos y los precios de los combustibles aumentaron 1.75 por ciento

A través del Decreto 243/2025, los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono se incrementaron en un 4 por ciento, lo que provocó una nueva suba en los surtidores.

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El Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, son dos tributos que desde 2018 vienen siendo utilizados como una especie de “amortiguador” para evitar trasladar la inflación a los surtidores. Si bien esta estrategia permitió contener los precios en los últimos años, también significó que el Estado resignara una importante porción de ingresos.

De acuerdo al estudio de Bergmann, lo que está pendiente de traslado corresponde al componente inflacionario del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024, con una inflación anual que trepó a 117,74 por ciento. Aunque desde julio del año pasado se aplicaron algunos aumentos parciales, el grueso del ajuste sigue sin reflejarse en el precio final de los combustibles.

El impacto en las Estaciones de Servicio sería considerable. Para la nafta, tomando los precios actuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como referencia, el alza representaría unos 180 pesos por litro. En tanto, el gasoil tendría un retoque de 94 pesos por litro. Este salto pondría presión directa sobre los costos logísticos y de transporte, dos rubros sensibles para la cadena de precios en la economía.

Crecen los cuestionamientos al tratamiento que le da el Gobierno a los impuestos a los combustibles

Un grupo de legisladores opositores exige informes sobre la distribución de lo recaudado y el cumplimiento de las normas vigentes, en un contexto de presión fiscal que impacta en el precio final al consumidor.

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En lo que va de 2025, el Gobierno ya dictó tres decretos de postergación parcial de los aumentos: los números 51, 146 y 243. Cada vez que se acerca la fecha prevista para la actualización, surge la misma pregunta: ¿volverá a diferirse el traslado o finalmente se aplicará el ajuste completo? Las respuestas son inciertas, pero en los pasillos oficiales ya se estima que podría haber un nuevo aplazamiento para evitar un nuevo golpe al índice de precios.

Vale destacar que el Ejecutivo apuesta a lograr en abril un número que muestre una tendencia descendente, luego de la preocupación que generó el último salto inflacionario previo al acuerdo con el FMI y la devaluación del tipo de cambio oficial, sabiendo que una suba de los combustibles en este momento podría dinamitar esos esfuerzos.

En ese sentido, todos los especialistas energéticos históricamente consultados por este medio coinciden en que cada mes de diferimiento implica mayores presiones fiscales y una deuda latente que tarde o temprano llegará al bolsillo del consumidor.