Resolución 295/10: Judicialmente primó la racionalidad

La Sala V de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, por mayoría (dos votos contra uno),  hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Shell a fin de que se suspendiera  la Resolución 295/10 de la Secretaría de Comercio Interior que había dispuesto  el congelamiento en el precio de los combustibles a los valores vigentes al 31/07/2010.

Si bien la Resolución 295 cuestionada tuvo su fundamento en considerar vigentes las facultades  emanadas de la llamada Ley de Abastecimiento 20680, la resolución judicial que suspende su aplicación no ha hecho el análisis de los argumentos de fondo referidos a la vigencia de las facultades exorbitantes contenidas en tal ley,  a su constitucionalidad ni tampoco a la colisión entre tales facultades y las establecidas por otros normas legales de idéntica jerarquía y de posterior sanción, cuya vigencia implica en la práctica la derogación o al menos la suspensión de los efectos de la ley 20680.

Sucede que en cumplimiento de las normas de la ley de procedimientos administrativos, la Resolución 295 fue objetada mediante un recurso administrativo, es decir dentro de la esfera ministerial en que la misma fue dictada, y de mediar un  análisis objetivo de su legalidad,  la misma debería haber sido derogada. Siendo que cada vez con mas frecuencia la legalidad y la objetividad en la toma de decisiones aparecen como bienes muy devaluados, y que en los últimos años en la practica nunca la administración pública  ha dejado sin efecto sus propias determinaciones, es que en forma paralela al indebido silencio por parte de la misma administración a responder los recursos administrativos cada vez con mayor frecuencia los afectados requieran medidas cautelares de la justicia tendientes a lograr suspender la aplicación de las resoluciones que los agravian hasta tanto se resuelva judicialmente el fondo de los cuestionamientos.

En la situación bajo  examen, el alcance restringido de la resolución judicial tiene sustento en que la Secretaría de Comercio debería expedirse en forma previa respecto de los reclamos  administrativos, y el tribunal actuante –por mayoría- ha considerado que existe peligro en la demora para la empresa apelante, y además que el congelamiento de los precios no permite reflejar la evolución de los costos y compromete el razonable margen de utilidad de la misma. Además entiende que el incremento no ha sido desproporcionado y que no existen evidencias de que el mercado interno se encontrara desabastecido.

Si bien esta medida cautelar podría ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es uniforme la jurisprudencia de este máximo tribunal en sostener que las medidas cautelares no habilitan la instancia extraordinaria de la Corte, y por consiguiente los recursos en tal sentido son rechazados in límine.

La medida judicial ha sido dictada solo en  favor de su peticionante, por lo que el alcance práctico solo habilita a Shell a incrementar sus precios y no al resto de las petroleras, circunstancia que origina un escenario por demás anómalo si tenemos en cuenta que todas participan de la misma situación y fundamentalmente del mismo mercado.

También en la práctica la resolución judicial ha puesto el juego en el terreno de la Secretaría de Comercio, que debe determinar cuál es la suerte de esta Resolución 295 teniendo en cuenta la objeción judicial de que ha sido objeto, la necesidad de resolver los recursos administrativos planteados contra ella y la queja de otros actores del mercado.

En forma  paralela no deja de ser preocupante la falta de racionalidad y coherencia de los responsables de esta trama, ¿cómo congelar precios y no congelar los costos?, ¿por cuánto tiempo se mantendrá vigente el congelamiento?, ¿cómo salir de este congelamiento en forma no traumática?.

Por último algunas entidades defensoras de los consumidores parecieran no ver más allá de sus propias narices. Todos queremos que el precio de los combustibles sea accesible, pero ello no se logra con el quiebre de un sector de la actividad.

Dr Miguel Angel Bonillo

estudio@bonillo.com.ar – www.bonillo.com.ar

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010.-