Resolución 13/2011: especialista opina que la medida perjudica a las Pymes

Antecedentes

Ya tuve ocasión de manifestarme respecto de la ilegalidad de que adolecen las Resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dictadas al amparo de la llamada Ley de Abastecimiento N° 20680 en mi comentario “La Ley de Abastecimiento y los Precios de los  Combustibles” publicado por Surtidores en agosto de 2010. Al respecto nada ha cambiado que no sea la actitud recalcitrante de pretender aplicar artículos de  una norma que formalmente no están vigentes.

Concreta y sintéticamente, el art. 4 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2284/91 estableció la suspensión del ejercicio de las facultades que fueran concedidas al Poder Ejecutivo por medio de la Ley de Abastecimiento “el que solamente podrá ser restablecido, para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, ya sea a nivel general, sectorial o regional”. Como excepción de esta suspensión  se mantuvo vigente la posibilidad de dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de bienes y servicios.-

Este Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2284/91 fue ratificado con jerarquía de ley por el art. 29 de la Ley 24307, es decir que una ley posterior ha suspendido los efectos de la Ley de Abastecimiento, estableciendo como recaudo para volver a tornarla operativa la declaración de emergencia por parte del Congreso, lo que supone el dicado de una ley en tal sentido (no un Decreto).-

Lo expuesto precedentemente no es una mera opinión sino que surge de la correcta interpretación de estas normas y además aparece claramente expuesto en la misma página de Web del Ministerio de Economía referida a la información legislativa (Infoleg),  la Secretaría de Comercio Interior integra este Ministerio y sin embargo sus resoluciones no se ajustan a las normas que en forma correcta se indican como vigentes.-

En el año 2002 se sancionó la Ley 25.596 (B.O. 29/5/2002) que dispuso la declaración de emergencia en el abastecimiento de gas oíl. Cabe destacar que en esta ley no se hace referencia a estar cumpliendo con los recaudos exigidos para tonar operativa, en materia de gas oíl,  la ley 20680, siendo su objetivo eximir del impuesto a los combustibles líquidos establecidos por la ley 23966 a las importaciones de este combustible por el plazo en ella establecido, es decir que no fue la motivación de su dictado el de tornar aplicable la ley de abastecimiento  -no existían causas para ello – sino justificar la exención impositiva.-

A la fecha no existe ley alguna que autorice a la Secretaría de Comercio Interior al dictado  de este tipo de Resolución que congela o retrotrae precios. Es mas, en uno de los considerandos de  la Resolución 13/2011 que congelara los precios de los combustibles líquidos al 28 de enero de 2011,  se expresa “Que, entre otras prescripciones, el inciso c) del Art. 2 de la Ley N° 20680 establece que esta Secretaría, puede dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”, pero se omite decir que el acápite de la ley que facultaba a la fijación de precios es otro, y está suspendido en forma expresa por el Decreto 2284 y por la Ley 24307 y por ende la Secretaría de Comercio Interior, una vez mas, incurre en la violación de la normativa vigente y lo que es mas grave lo hace a sabiendas, en forma ardidosa y con total desaprensión .

Otra Vuelta de Tuerca

Pero el objeto de este comentario no es referirme a la ilegitimidad expuesta sino señalar algunas derivaciones económicas de esta norma que implican  entregar aún más  el mercado minorista a manos de las empresas petroleras.-

La  concepción de la Resolución 13/2011 es análoga a la de la Resolución 25/2006 con cuyo dictado se prometió la lluvia de gas oíl. En el articulado de su Anexo establece que las empresas petroleras deben abastecer normalmente a las estaciones de servicio respetando como mínimo los volúmenes entregados en igual mes del año anterior incrementado en el porcentual de crecimiento del Producto Bruto Interno  (PBI) acumulado en el año.-

Como primer comentario debo reiterar que la mayor parte de los contratos de abastecimientos existentes entre empresas petroleras y estaciones de servicio no contienen cupos o limitaciones al abastecimiento. Por el contrario, el éxito de la relación ha consistido en el incremento de las ventas. La Secretaría de Comercio ha venido a legalizar la existencia de cupos en el abastecimiento, confiscando el derecho de las estaciones de servicio a desarrollar a pleno su negocio obteniendo mas ventas y realizando una indebida intromisión en las relaciones contractuales a favor de las petroleras y en perjuicio de los expendedores y de su derecho de propiedad.-

Como segundo comentario corresponde analizar, a la luz de las normas de la Resolución, cómo se distribuirá el mercado futuro y las posibilidades de éxito para las estaciones de servicio propiedad de Pymes, y otra vez el análisis es negativo y altamente  preocupante.

Bajo el esquema en apariencia inocente de garantizar a futuro un abastecimiento similar al crecimiento del Producto Bruto se esconden graves perjuicios. Si el incremento en el abastecimiento –y en las ventas futuras- solo será análogo al del Producto Bruto va de suyo que será imposible crecer por encima de éste y además que seguramente la participación en las ventas de las estaciones que son propiedad de Pymes continuará disminuyendo.

Veamos, por un lado es una verdad fuera de toda discusión el cierre de al menos 2000 estaciones de servicio en los últimos tres años y que lamentablemente esta tendencia puede continuar. Los vehículos que se abastecían en estas bocas hoy cerradas, y en  las que cierren en el futuro, deben concurrir a otros negocios produciéndose una demanda nueva, ajena al crecimiento económico representado por el PBI, que las estaciones Pymes –acotadas-  no podrán abastecer.-

Además, y por otro lado, el parque automotor “vivo” del país oscila hoy entre 8.500.000 y 9.000.000 de vehículos.  Durante 2010 según datos oficiales de ACARA se patentaron 662.591 vehículos nuevos,  y las cifras de patentamientos de enero de 2011 serían nuevamente récord, aguardándose para todo el corriente año guarismos que superarán los de 2010.-

El crecimiento del parque automotor ha superado en los últimos  años, y seguramente lo hará en 2011, el crecimiento estimado del PBI. Nuevamente el mismo interrogante, si las estaciones Pyme solo recibirán un abastecimiento análogo a la variación  del PBI, quién abastecerá el crecimiento del mercado?.-

La Resolución 13/2011, al igual que la 25/2006, ha previsto la posibilidad de que cada integrante de la cadena de comercialización pueda denunciar ante la misma Secretaría de Comercio las faltas de abastecimiento de combustibles que no resulten ajustados a lo establecido en estas resoluciones. Es decir que las estaciones propiedad de Pymes  solo podrán denunciar el incumplimiento de estos cupos en los que se las ha congelado, en tanto las estaciones que son propiedad de las empresas petroleras nada tendrán que denunciar dado que no rigen a su respecto normas que les impidan contar con un abastecimiento privilegiado, haciéndose cargo del mercado e incrementando aún mas su participación en las ventas del mercado minorista.-

Las denuncias de casos concretos conocidos por el  suscripto (ajenos a la empresa Shell), efectuadas con  constataciones notariales de quiebre de stock y todas las formalidades procesales cayeron en saco roto dado que no generaron instrumentación ni sanción alguna y solo se informaron cuando el Poder Judicial solicitó los expedientes como  prueba.-

La Resolución 13/2011 ha congelado para el futuro algo mucho mas importante que el transitorio valor de los combustibles, ha congelado la posibilidad de desarrollo y crecimiento de las Pymes entregando el crecimiento futuro del mercado minorista a manos de las  redes de estaciones de servicio propiedad de las empresas petroleras.-

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011.-

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