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Martes, 29 de julio 2025
Resolución 717/2025
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La diputada Carolina Yutrovic presentó un proyecto para que se revierta la decisión, advirtiendo sobre sus efectos negativos en la transparencia, la competencia y el derecho de los consumidores.
La decisión del Ministerio de Economía de derogar la Resolución 314/2016, que establecía el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor, generó una fuerte reacción en la Cámara de Diputados. A través de un proyecto de resolución, la diputada nacional por Unión por la Patria, Carolina Yutrovic, expresó su “profunda preocupación” por las consecuencias que la medida puede tener sobre la transparencia informativa, la protección de los derechos de los consumidores y la competencia en el mercado energético.
El sistema derogado obligaba a todas las Estaciones de Servicio del país a informar, dentro de las ocho horas de producido un cambio, los precios minoristas de naftas, gasoil y GNC. Esa información era procesada por la Secretaría de Energía y puesta a disposición de los usuarios a través de una plataforma oficial, pública, centralizada y actualizada. Su objetivo era permitir que los consumidores accedieran a información clara y verificable para tomar decisiones informadas y, al mismo tiempo, generar un entorno de mayor competencia entre los operadores del sector.
La Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, publicada el pasado 2 de junio, puso fin a ese esquema con el argumento de que ya existen medios tecnológicos, como aplicaciones móviles y sitios web de empresas, que permiten conocer los precios en tiempo real. Según esa visión, la dinámica del mercado y la competencia entre empresas serían suficientes para garantizar la transparencia. Sin embargo, la diputada Yutrovic y otros especialistas cuestionaron esta premisa, señalando que el reemplazo de una fuente oficial por plataformas privadas no garantiza estándares de calidad, cobertura ni equidad.
“El acceso a precios mediante aplicaciones o redes sociales depende de la voluntad de cada empresa, puede estar desactualizado, incompleto o sesgado”, sostiene la legisladora. Además, advierte que esta dispersión informativa afecta especialmente a los consumidores de zonas con baja conectividad o escasa oferta de estaciones, quienes pierden una herramienta clave para comparar precios y ejercer su derecho a una elección informada.
Otro de los puntos críticos planteados en el proyecto es la posible afectación a la política de Defensa de la Competencia. Desde el Ministerio de Economía se argumentó que publicar precios en una plataforma oficial podría alentar conductas de alineación entre competidores. Yutrovic refuta ese razonamiento: “No es la publicidad de precios lo que genera cartelización, sino la falta de herramientas de control para detectar y sancionar prácticas anticompetitivas”. Para la diputada, un sistema estatal centralizado no solo promueve la transparencia, sino que también permite identificar abusos de posición dominante o acuerdos colusorios, especialmente en zonas con baja densidad de Estaciones de Servicio.
En el mismo sentido, se critica la supuesta suficiencia del Módulo de Información de Precios Mayoristas —creado en 2004 por la Secretaría de Energía— como alternativa informativa. “Ese sistema es útil para el análisis de precios mayoristas, pero no brinda datos actualizados y específicos sobre precios minoristas, que son los que interesan directamente a los usuarios finales”, subraya el texto legislativo.
La propuesta impulsada por Yutrovic insta al Poder Ejecutivo a revisar la medida adoptada y, en su caso, restablecer o reemplazar el sistema eliminado por otro mecanismo que garantice la información clara, cierta y detallada para los consumidores. Además, recuerda que el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 4 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor consagran el derecho de los usuarios a acceder a información veraz y suficiente sobre los bienes y servicios que adquieren.
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