El COVID-19 generó un escenario crítico no sólo para las petroleras en Argentina. Los biocombustibles vienen pidiendo aumentos de precio hace largos meses. Además hay denuncias de empresarios que sostienen que no se está respetando el clásico volumen de corte del 10 por ciento de biodiesel en gasoil y 12 por ciento de bioetanol en naftas.

Algunas voces en contra de los biocombustibles, sostienen que encarecen el precio en surtidor. Para conocer más sobre este tema, surtidores.com.ar dialogó con Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

¿Cómo repercuten los biocombustibles en el precio de los combustibles en surtidor?

En primer lugar quiero destacar que la normativa vigente en materia de biocombustibles en Argentina no condiciona el cumplimiento del mandato establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 26.093, a que el precio de los biocombustibles no genere impacto en surtidores. Por ende, la aplicación de esta restricción por parte de la Secretaría de Energía no se ajusta a derecho.

En los combustibles minerales se incorporan aditivos, que son siempre más caros que el combustible al que va destinado. La Secretaría de Energía no prohíbe su uso con el argumento que genera un impacto de precio en surtidor.

Al mismo tiempo destaco que desde 2010 –época de entrada en vigencia del mencionado mandato- hasta la actualidad, las naftas aumentaron un 56 por ciento más que el bioetanol, mientras que el gasoil aumentó un 43 por ciento más que el biodiesel, aproximadamente. Esta realidad no se puede tapar con las manos.

Por otra parte, en la construcción del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, la ponderación de la incidencia de la evolución de los precios del gas, electricidad y otros combustibles sobre la canasta general, varía entre el 2,54 y el 3,54 por ciento, mientras que para el transporte, esa incidencia es de entre el 2 y el 4 V. Tomando los porcentajes de incidencia máxima y sumándolos, la incidencia total en el índice es del 7,54 por ciento.

Ahora bien, considerando que la mezcla nafta – bioetanol es de un 12 por ciento y la de gasoil – biodiesel es de un 10 por ciento , con un promedio ponderado aproximado de 10,9 por ciento -que surge de las cantidades de ambos biocombustibles incorporados a los combustibles minerales en un año normal-, cada punto porcentual de aumento de los biocombustibles en el peor de los casos podría impactar 0,0082% en el Índice de Costo de Vida, o lo que es lo mismo, un 8,22 por 100.000, en síntesis, casi nada.

Pero es grave además que la Secretaría de Energía asuma como válidos, datos de precios en surtidor que les presentan los refinadores de petróleo, que en muchos casos no sólo no son ponderados para todo el país, sino que resultan los más bajos, aplicables a las zonas más competitivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se verifica en la información oficial publicada que, en muchas ocasiones, no son informadas correctamente las cantidades despachadas desde los distintos centros de distribución, hecho que resulta muy llamativo y que podría ser un indicador de falta de transparencia por parte del refinador de petróleo respectivo en esta cuestión.

Es insostenible que la Secretaría de Energía no exija al operador que declare lo que corresponde, y menos, que no multe tal actitud en la mayoría de los casos. De esa mala información evaluada surge un condicionamiento adicional al no determinarse correctamente el verdadero impacto que podría generar el precio de los biocombustibles en surtidor. O sea, se aplica una barrera que no surge de la propia legislación y encima, se la evalúa mal, siempre en contra de los biocombustibles.  Esto es parte de la “captura del regulador” que se viene produciendo hace mucho tiempo, para terminar con la política de biocombustibles en Argentina.

Una vez más, anhelo que el Secretario de Energía Darío Martínez, quien asumió con este problema y muchos otros como parte de la herencia recibida, como vengo informando, pueda revertirlo pronto.  No pierdo mis esperanzas al respecto, ojalá no caiga en los mismos errores que sus antecesores.

¿Las petroleras deberían transparentar más los números?

Sí. En Suecia no podrían operar como lo hacen en Argentina. Recordemos, como si esto fuera poco, que YPF es una sociedad anónima que opera en el ámbito privado, que cuenta en su estructura accionaria, un capital privado cercano al 50 por ciento. O sea, que no es la recordada empresa estatal “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.

Toda vez que el Estado le otorga un privilegio a YPF en definitiva lo regala a muchos privados y, lo que es peor, la opinión pública por lo general soslaya el hecho que el mercado de combustibles líquidos en Argentina es un oligopolio que al contar con un jugador de posición cuasi dominante se convierte en un cuasi monopolio privado.

Es imposible que un cuasi monopolio privado pueda garantizar la seguridad energética de los argentinos. La historia nos deja grandes enseñanzas, deberíamos repasar lo ocurrido en EE.UU. en la década de 1910, cuando se desarticuló el monopolio de la Standard Oil.

En estos momentos un aumento del porcentaje de corte, ¿cómo impactaría en el precio final de los combustibles?

No generaría un impacto significativo en surtidor y menos en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. La decisión política no se toma porque el lobby de los refinadores de petróleo es muy fuerte y ADEFA resiste por su lado.