Hace cuatro años atrás, el Ente Nacional Regulador de Gas sancionaba la Resolución 3588/2006, en la que aprobaba la utilización de obleas habilitantes con almacenamiento de datos digitales encriptados para ser instaladas en automotores que utilizan gas natural como combustible. Eran tiempos de expansión para el GNC, en los que las conversiones vehiculares sumaban varias decenas de miles por mes y las estaciones florecían en todo el país. 

Pero la regulación en el precio de las naftas y la mejoría de la situación económica le aplicó un freno impensado al uso del gas como combustible. Se recortó el número de traspasos y se inauguraron pocas bocas de carga aplacando su frenético crecimiento. 

Este escenario dio la pauta para que otra normativa, esta vez la 69 del 2007, suspenda los alcances de la propuesta en cuestión bajo la sugerencia de cumplir una etapa de transición, generando un oblea nominativa habilitante para vehículos a GNC que modifique la actual y mejore el sistema de control y seguridad existente y consecuentemente, implementar un procedimiento que culminará en el llamado de oferentes para la contratación del servicio de diseño y provisión de nuevos adhesivos.     

Durante este lapso transcurrido entre el presente y la sanción de aquella norma se generaron un sinnúmero de ponencias desde sectores privados y oficiales a fin de implementar un sistema confiable que inhiba la voluntad del operario de la estación al momento del expendio. Hubo gran interés de firmas nacionales y extranjeras para intervenir en el proceso de cambio, todas ellas de calidad garantizada, aunque ninguna superó el infranqueable impedimento  presupuestario del Enargas. 

“Al momento la ejecución de la oblea electrónica está en stand by”, confirmaron ayer a este medio desde la Gerencia de GNC del Enargas, la misma que desalentó oportunamente el uso del chip. De esta manera y salvo un crecimiento desmesurado del mercado, se espera que los actuales adhesivos mantengan su continuidad por varios años, más allá del reclamo de los estacioneros que insisten en un mecanismo inteligente para evitar confrontar con el usuario que se le niega el aprovisionamiento por no tener el auto en condiciones.