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La medida gremial paralizó la producción petrolera en Santa Cruz. Las empresas que proveen de crudo a los refinadores les informaron que habrá menor disponibilidad, situación que resentirá el suministro de combustibles a las estaciones de servicio. Sin embargo las compañías afirman que por el momento no hay problemas de abastecimiento
El conflicto petrolero que lleva más de 13 días tiende a profundizarse a partir de las disidencias internas que han fracturado la conducción sindical. El Ministerio de Trabajo ha enviado cédula de notificación oficial a los delegados que mantienen parada la producción petrolera con la advertencia de que si no se acata la orden ministerial le van a retirar la personería gremial al Sindicato de Petroleros Privados.
El gremio está virtualmente quebrado en dos partes. Por un lado el sector que responde al Secretario General Héctor Segovia, que aceptó el pago de una suma fija de $ 25.000 en cinco cuotas remunerativas a partir de diciembre, y por el otro los delegados de base liderados por el secretario adjunto Rubén Retamoso, que señalan que no dejarán el paro hasta que se haya firmado el CCT y se equiparen los aumentos solicitado por las bases.
Las disidencias sindicales y la agresividad del conflicto provocaron que algunas empresas que proveen de crudo a las refinadoras les informaran que habrá menor disponibilidad, circunstancia que resentirá el suministro de combustibles a las estaciones de servicio. Si bien las compañías afirman que por el momento la situación está controlada, de persistir la huelga seguramente caerá la oferta.
YPF no se abastece de un gran caudal de hidrocarburos de esa provincia. Su producción está diversificada y su mayor yacimiento se encuentra en Neuquén, razón por la cual el escenario no resulta amenazante para el suministro aunque preocupa. Esso en tanto, señaló que el suplido de crudo y corrida de la refinería no se vieron afectadas, no teniendo un impacto en el abastecimiento de naftas y gas oil al mercado interno en la actualidad.
El área de
Ambos sectores hay reconocido que el conflicto se transformó en una cuestión política y si bien desde adentro se trata de minimizar las consecuencias, aproximadamente entre 3.000 y 4.500 trabajadores se encuentran sin actividad y convocados a resistir en localidades como Caleta, Pico Truncado y Las Heras.
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