Por ahora descartan la obligación de controlar la contaminación de suelos en las estaciones de servicio

La Secretaría de Energía dictó la Resolución 1102/04, que además de crear registros de bocas de expendio y de otras actividades de la cadena de comercialización de hidrocarburos, estableció penalidades frente a distintos incumplimientos. En especial reglamentó el procedimiento de control de pérdidas de hidrocarburos en las estaciones de servicio y el programa de remediación consecuente.

Sin embargo no dispuso la obligatoriedad de controlar preventivamente las condiciones ambientales de las playas de maniobras de las bocas de expendio. “Tampoco está en estudio exigirlo, al menos por ahora”, señalaron desde la dependencia oficial.

Los controles se realizan en casos de sospecha y puede reclamarlo, además de la Secretaría, el municipio, la provincia o la comuna en su rol de autoridad de aplicación. “Los trabajos se efectúan cuando hay denuncias de pérdidas o en caso de abandono de la actividad”, aclararon.     

“Sería conveniente una normativa de ese tipo”, puntualizaron para evitar afrontar, además de las infortunadas consecuencias de la contaminación que produce, el costo de la remediación del suelo. Por ahora, según la reglamentación nacional, toda actividad que esté considerada riesgosa para el medio ambiente está obligada a tener un seguro o fondo compensatorio que sirve de garantía para el estado provincial o municipal de que esa contaminación será remediada, ya sea por el expendedor o la compañía petrolera, por ser solidariamente responsables.

Existen varios proyectos legislativos que se interesan por esta cuestión. Uno, el del ex diputado por la provincia de Buenos Aires Hugo Gobbi, señala que “los tanques que alguna vez albergaron combustibles, seguramente ya muy deteriorados, emanan gases a la atmósfera y escurren residuos de derivados de hidrocarburos a las napas freáticas, contaminándolas de manera irreversible y perjudicando la única fuente de agua disponible de muchas personas”.

Es por ello que exigió indagar acerca de cual dependencia del Estado Provincial es la que tiene incumbencia directa sobre los establecimientos destinados al expendio de combustibles y lubricantes una vez que estos han dejado de estar operativos, discriminando si las mismas pertenecen a alguna petrolera o son de las llamadas “sin bandera”, averiguación que a pesar de contar con varios años encima, no logró respuestas de parte de los funcionarios de turno.