Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio (AES) considera que es el momento oportuno para que las bocas de expendio entablen conversaciones con las petroleras que las abastecen para evaluar cómo distribuir el costo de remediar la contaminación efectuada sobre los terrenos en los que se despachó combustibles. En diálogo con Surtidores.com.ar, el especialista en la materia analizó el tema.

¿Cómo estima que van a evolucionar las inspecciones este año por parte de las autoridades medioambientales?

El marco normativo vigente permite ya exigir la contratación del Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (SAO).  Las autoridades que en forma primaria detentan el poder de policía son los municipios. Por lo tanto cualquier municipio del país lo puede exigir. Todo ello sin perjuicio que también autoridades provinciales y nacionales lo puedan exigir según el caso. 

Existen dos tipos de seguros: Seguro Obligatorio de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y Seguro Obligatorio de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

¿Hubo nuevos pronunciamientos de las autoridades sobre el tema?

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a la suspensión del Decreto Nº 1638/12 y la Resolución SSN Nº 37.160/12. Por lo tanto las dos pólizas están vigentes para su contratación.

En este contexto… ¿Qué recaudos pueden tomar los operadores?

Lamentablemente, ya no existen razones para oponerse a la contratación del SAO. Solo queda definir quién lo paga. Por eso debiera abrirse una negociación entre las petroleras y las estaciones para hacer frente a los nuevos costos.

¿Considera que es viable conformar un fondo que atienda las remediaciones a partir de una recarga sobre el precio del combustible?

La ley lo prevé, pero no se ha avanzado lo suficiente como para ser optimistas en ese sentido. La conformación de ese posible fondo es de muy difícil realización y no existen antecedentes en nuestro país.