A tan solo un mes de la fecha prevista para la venta de activos de Oil Combustibles como corolario del proceso de quiebra que atraviesa, los interventores de la petrolera solicitaron al Juez que prorrogue la medida de no innovar que vencía el 15 de septiembre hasta que se concrete la venta de los activos de naturaleza industrial.

El argumento esgrimido por los funcionarios es “garantizar una eficiente y exitosa liquidación de la empresa”, pero además mantener la relación contractual que vincula a la compañía con la red de expendedores. El plazo comenzó a regir a partir 10 de junio de 2018 y vencía automáticamente a los 90 días “salvo disposición expresa del Tribunal en contrario”.

La cautelar en cuestión dispuso que los co-contratantes (Estaciones de Servicio y Diesel Centros) debían abstenerse de rescindir en forma unilateral y definitiva los contratos de suministro y accesorios vigentes mientras esté vigente la medida, además de renunciar al cambio de bandera.

En caso de que el magistrado Javier Cosentino, a cargo del Juzgado Comercial Número 5 de respuesta favorable al pedido, fuentes judiciales aseguraron a surtidores.com.ar que seguramente se postergará la licitación que determinaría quien será finalmente el nuevo titular de la ex Indalo.

Surtidores consultó sobre esta prórroga a Luis Navas, asesor legal de AES, quién manifestó que “es evidente que desde la intervención no quieren que más estaciones queden en libertad de poder elegir con qué bandera contratar ya que fueron muchas las que pudieron desvincularse de Oil e iniciar una nueva relación comercial”.

Los activos hoy están siendo administrados y gestionados por YPF y por la empresa Dapsa (Destiladora Argentina de Petróleo), quienes pagan un canon mensual de USD 3,3 millones. Según pudo recabar este medio, además de estas firmas, Shell Casa Matriz, su filial local recientemente adquirida por Raízen, Axion y Lukoil, también pugnan por quedarse con la refinería San Lorenzo, la planta fluvial y la red de bocas de expendio.

La quiebra de Oil Combustibles fue declarada el 11 de mayo, luego de que fracasara un proceso de salvataje, donde se buscó empresas interesadas en adquirirla previo pago de las deudas que Oil tenía con la AFIP —de $8.000 millones, que ascendía a casi el doble por los intereses— por no haber rendido lo recaudado a través del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles.

Las únicas interesadas fueron la holandesa Trafigura y Petrobras, que luego desistió al no poder afrontar el pago de las deudas.