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En Salta, el Concejo Deliberante busca imponer responsabilidades de control a los estacioneros a través de una resolución que les prohíbe cargar nafta a conductores de motos que no tengan su casco puesto. Los estacioneros acudirán al palacio legislativo.
Esta vez le tocó a los expendedores de la ciudad capital de Salta, luego de un accidente de tránsito que suscitó la atención del concejal José García, quien elevó al recinto municipal un proyecto para que no se despache combustible a aquel motociclista que no lleve protección en su cabeza.
En este marco de situación, desde la Cámara de Expendedores de Salta adelantaron a surtidores.com.ar que en el día de hoy asistirán a una reunión de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante para plantear la posición del sector en referencia a las responsabilidades que les cabe a cada parte en cuanto a la seguridad vial.
Los empresarios adelantaron que se mostrarán de acuerdo con reforzar los controles por parte de las autoridades hacia los conductores de motocicletas y vehículos en general, como también de toda aquella acción oficial que reduzca los incidentes en la vía pública.
Sin embargo dejarán en claro que “los empleados de Estaciones de Servicio no son agentes ni funcionarios públicos para tener que tomar una decisión que no les corresponde, teniendo que enfrentarse de manera involuntaria con el cliente”.
Agregaron que insistirán con el riesgo que implica en un contexto social difícil, que un ciudadano o trabajador particular tenga que tomarse atribuciones que solamente le son delegadas por el Estado a sus autoridades, como es el caso de una prohibición de ese tipo.
Vale destacar que la norma que prohíbe la circulación de motociclistas sin casco está vigente pero que el legislador García y en principio el resto de los ediles, están de acuerdo en modificar uno de sus artículos para que sean las Estaciones de Servicio quienes ahora se nieguen a cargar nafta a los infractores.
Finalmente los estacioneros expresarán que por mandato constitucional, ningún servicio personal implica acto administrativo alguno que imponga un ejercicio de la función pública ni poder de policía en cabeza de ciudadanos comunes.
A pesar de ello, mostrarán su intención de colaborar en lo que sea necesario para proteger los comercios y el personal de cualquier caso de violencia o de inseguridad.
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