Nueva polémica entre estacioneros y municipios por tareas de fiscalización vial

El eterno debate entre las Estaciones de Servicio y los funcionarios municipales vuelve a encenderse. En San Pedro, el Gobierno local notificó a los expendedores de combustible que deben hacer cumplir la normativa vigente que impide cargar nafta a motociclistas que no lleven casco y chaleco reflectante.

Con la firma del Secretario de Economía, Roberto Borgo, la intendencia envió un comunicado oficial a todas las Estaciones de Servicio de la ciudad y localidades cercanas. “Se implementarán mayores controles respecto del cumplimiento de la normativa vigente“, señala el documento, en el que también se advierte sobre sanciones para quienes no acaten la disposición.

Nuevamente la obligación de usar casco para cargar nafta genera polémica en las Estaciones de Servicio

En Salta, el Concejo Deliberante busca imponer responsabilidades de control a los estacioneros a través de una resolución que les prohíbe cargar nafta a conductores de motos que no tengan su casco puesto. Los estacioneros acudirán al palacio legislativo.

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Desde hace años, la ley provincial establece que está prohibido cargar combustible a motociclistas que no lleven casco reglamentario y chaleco reflectante. En otros distritos bonaerenses, los gobiernos locales publican desde hace tiempo, carteles con la advertencia: “Protegemos tu vida: sin casco ni chaleco no hay combustible”. Ahora, San Pedro refuerza la medida y se suma a la fiscalización activa.

Sin embargo, los estacioneros rechazan la disposición y aseguran que no les corresponde hacer cumplir la resolución. “No somos agentes del orden para controlar si un motociclista usa o no su casco“, remarcó Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, en diálogo con surtidores.com.ar.

El empresario denunció que los empleados de Estaciones de Servicio sufren constantes agresiones por parte de motociclistas que se niegan a cumplir la ley vial. “En la provincia de Buenos Aires, ya se han registrado más de un centenar de hechos violentos contra los playeros“, alertó. Además, subrayó que ni las cámaras empresarias ni los sindicatos están de acuerdo con la medida, ya que entienden que la fiscalización corresponde a las fuerzas de seguridad.

“Los expendedores no tenemos poder de policía“, enfatizó el dirigente, y advirtió que la normativa pone en riesgo la integridad física de los trabajadores. “Si los municipios continúan delegando esta responsabilidad en el sector, el peligro sobre la integridad de nuestro personal aumentará enormemente”, indicó.

Desde la FEC adelantaron que evalúan con el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) elevar un reclamo conjunto ante las autoridades municipales. “Por mandato constitucional, ningún acto administrativo puede imponer la función pública a particulares“, sentenció Basílico.