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Las bocas de expendio de combustibles, al igual que el resto de los actores de la economía cotidiana, enfrentan un aumento del retraso del pago de sus compromisos entre sus clientes corporativos, con cuentas corrientes que extienden los plazos de cobro y demandan más capital de trabajo.
El deterioro de la capacidad de pago ya no se limita a los hogares. Mientras millones de argentinos arrastran obligaciones financieras y una proporción creciente encuentra dificultades para cumplir con los vencimientos, las empresas también comenzaron a mostrar señales de estrés. Los cheques rechazados por falta de fondos se convirtieron en uno de los indicadores más visibles de esa situación. Esa cadena de pagos cada vez más exigida ya tiene un efecto concreto en las Estaciones de Servicio: durante los últimos doce meses, la morosidad de las cuentas corrientes se triplicó y algunas operaciones pasaron de cobrarse en 21 días a demandar hasta 45.
El fenómeno no aparece solamente cuando una obligación queda impaga. También se manifiesta en la necesidad de pedir prórrogas, postergar valores o utilizar hasta el último día disponible antes de cancelar una deuda. Para los operadores que abastecen mediante cuentas corrientes, cada jornada adicional representa dinero que permanece fuera de la caja.

Sebastián Vargiu, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Tucumán, señaló a Surtidores que el cambio ya se observa en la actividad cotidiana. Según explicó, durante el último año los índices de incumplimiento se triplicaron.
La dificultad tampoco queda restringida a quienes directamente dejan de pagar. También cambió la conducta de compañías que históricamente cumplían con sus obligaciones. “Las empresas utilizan prácticamente hasta el último día el plazo de crédito otorgado y, en numerosos casos, solicitan postergaciones adicionales para poder cumplir”, explicó.
Otra señal aparece en los medios de pago. Aumentaron las situaciones en las que resulta necesario diferir la presentación de cheques u otros valores para evitar rechazos. El resultado es una extensión del período efectivo de cobro, aun cuando la condición comercial original no haya cambiado.
Una cuenta corriente que normalmente se recuperaba en alrededor de 21 días puede llegar ahora a los 45 días en determinadas operaciones. Para una estación, esa diferencia tiene un costo inmediato: el dinero utilizado para comprar el combustible permanece inmovilizado durante tres semanas adicionales mientras continúan los gastos, servicios, impuestos, proveedores y reposición de stock.
Por eso, ampliar los vencimientos dejó de ser una decisión exclusivamente comercial. También requiere calcular cuánto cuesta financiar al comprador y qué riesgo adicional asume el operador.

El titular de la cámara tucumana considera que los plazos más largos deberían reservarse para clientes de primera línea, con trayectoria comprobada y buenos antecedentes de pago. Acompañar a una empresa durante una dificultad transitoria puede servir para conservar ventas, pero no puede transformarse en una financiación abierta y sin límites.
El aumento de los atrasos ya generó cambios en la administración de las cuentas. Cuando un usuario incumple los compromisos asumidos en un plan de regularización, los establecimientos comienzan a restringir nuevamente el suministro. También crecieron durante el último año los casos que debieron avanzar hacia cobranzas judiciales.
El dirigente aclaró que los niveles generales de morosidad e incobrabilidad todavía se mantienen dentro de parámetros compatibles con la rentabilidad de la actividad. Sin embargo, la velocidad del cambio obliga a revisar los criterios utilizados para otorgar y renovar líneas comerciales.
A esto se suma una cuestión estructural: cuanto más caro es el combustible, mayor es el capital que necesita una estación para sostener el mismo volumen de ventas financiadas.
Si una empresa mantiene la misma cantidad de litros adquiridos, pero el precio aumenta, también crece el monto que el expendedor debe adelantar. Y si el comprador demora 45 días en cancelar una operación que antes pagaba en 21, la necesidad de capital de trabajo aumenta todavía más.
Ese efecto explica por qué cada vez son menos los establecimientos dispuestos a sostener grandes carteras de cuentas corrientes. El negocio ya no puede evaluarse solamente por los litros vendidos, sino también por el tiempo que transcurre hasta que esa operación vuelve a convertirse en efectivo.

Para Vargiu, la respuesta requiere una administración más selectiva del financiamiento comercial, con análisis de la capacidad de pago, límites definidos, seguimiento de vencimientos y consideración del costo financiero cuando se autoricen extensiones.
El crédito seguirá siendo una herramienta necesaria para determinados segmentos, pero la prioridad será evitar que una facilidad otorgada para resolver una dificultad puntual termine comprometiendo la operatoria del establecimiento.
“La estación tiene que vender, pero también tiene que cuidar su capital. No todos los clientes pueden tener las mismas condiciones y cada operación debe evaluarse de acuerdo con el riesgo que representa”, concluyó Vargiu.
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