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La instalación de surtidores adicionales será voluntaria y los cortes obligatorios previstos coinciden con los porcentajes propuestos por CECHA. Sin embargo, permanecen diferencias sobre el costo de la infraestructura y las tasas de fiscalización.
El proyecto que modifica el régimen de biocombustibles obtuvo media sanción del Senado y espera tratamiento en Diputados (ver dictamen al pie de la nota). La propuesta introduce cambios en las mezclas obligatorias, la comercialización y las modalidades de expendio, temas sobre los que CECHA presentó observaciones durante el debate en la Cámara alta.
La discusión legislativa fue uno de los ejes del tercer Foro Público-Privado de Biocombustibles y Bioenergías, realizado el martes en Córdoba. Representantes de la producción, el transporte, funcionarios y legisladores analizaron el alcance de la iniciativa y acompañaron el pedido para avanzar con su aprobación.

En diálogo con Surtidores, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, explicó que el esquema permitirá vender libremente etanol para abastecer vehículos con unidades adaptadas mediante kits de conversión e híbridos que lo utilicen. El artículo 19 contempla la circulación de motores flex fuel, nuevos o modificados, conforme a la reglamentación y las exigencias ambientales y de transporte.
Asimismo, los artículos 17 y 21 permiten comercializar mezclas superiores de manera opcional y sumar surtidores adicionales, con cumplimiento de las normas de calidad, habilitación y seguridad.
La incorporación de infraestructura específica había sido uno de los puntos cuestionados por CECHA. En su presentación ante el Senado, la Confederación advirtió sobre el costo de instalar tanques exclusivos, adecuar las playas y realizar obras complementarias. Su rechazo incluyó las propuestas de carácter voluntario.
La sanción enviada a Diputados no impone una obligación general de adecuación, aunque tampoco resuelve la objeción de los expendedores al desembolso que requeriría participar por decisión propia.
En materia de porcentajes, establece un 7,5 por ciento obligatorio de biodiésel en gasoil y un 12 por ciento de bioetanol en naftas. A los doce meses de la sanción de la ley, subirían al 10 y al 15 por ciento, respectivamente.
Esos valores finales coinciden con los límites sugeridos por la entidad mientras no existieran garantías suficientes para avanzar hacia proporciones mayores. Los cortes superiores quedaron sujetos a las normas técnicas vigentes.
Adam destacó además, las condiciones incorporadas para las PyMEs regionales de biodiésel, con límites de participación por empresa y grupo económico y una transición que se extiende hasta enero de 2036.

Por su parte, el diputado nacional de Provincias Unidas Carlos Gutiérrez, afirmó que “no es una ley perfecta, pero es la ley que hoy hace posible aprovechar esta ventana de oportunidad”, sostuvo. Según su análisis, el costo del petróleo asociado al conflicto internacional favorece la participación de los combustibles renovables.
El legislador resaltó el aumento de las mezclas, las posibilidades de desarrollo provincial y el período de adaptación previsto para las firmas elaboradoras. “Cada punto que se eleva el corte en materia de bioetanol o de biodiésel son, indudablemente, más inversiones y más puestos de trabajo”, expresó. También defendió el aporte agroindustrial como complemento de la actividad hidrocarburífera, mediante el modelo que identificó como “la Vaca Viva”.
Entre las opciones para ampliar el consumo mencionó el denominado “quinto surtidor”. Al respecto, manifestó que las jurisdicciones con avances tecnológicos y productivos podrán promover estas modalidades.
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