La Justicia reafirma la constitucionalidad del uso de reactivos para distinguir la procedencia de los combustibles

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, compuesta por los doctores José Luis Alberto Aguilar, Ana Victoria Order y Patricia Beatriz García desecharon un  recurso de amparo promovido por dos estaciones de servicio quienes acusaban que el uso de trazadores tendientes a distinguir en forma inequívoca los cortes de hidrocarburos es poder indelegable del Estado

Los expendedores tildaron la medida de inconstitucional y denunciaron que la AFIP obliga al contribuyente a realizar procedimientos de constatación mediante la utilización de reactivos de alta complejidad, soportando a su cargo los gastos de la función verificadora. Asimismo calificaron de arbitrarias las resoluciones que norman la operatoria.

En una primera instancia, la Justicia ordenó al organismo que abstenga de aplicar a las estaciones formoseñas las consecuencias normativas previstas en la Resolución general N°1359/02 y complementarias. Disconforme, se agravió la AFIP expresando que no se encontraban acreditados los presupuestos establecidos para la viabilidad de la medida habiéndose omitido considerar además el interés público.

Todo ello llevó a un nuevo proceso judicial que finalmente desestimó el pedido de los empresarios. En primer lugar el Tribunal impugnó el argumento esgrimido por los expendedores respecto al costo de los reactivos ya que “no lograron acreditar ni los extremos precitados, ni la situación de desventaja que genera la compra del kit para realizar las pruebas, que si bien implica un esfuerzo inicial, luego será compensado según la normativa expuesta en párrafos precedentes, lo que equivale a poner en práctica la doctrina del esfuerzo compartido, tantas veces aplicada por el Máximo Tribunal, que apunta a proteger el interés general de la comunidad”.

“Resulta equitativo, a fin de facilitar la labor del Fisco la colaboración de los contribuyentes en las tareas de control que exige la Resolución atacada”, subrayan los letrados, y agregan que corresponde no hacer lugar al recurso ya que no se ha podido demostrar fehacientemente el perjuicio concreto que origina la aplicación de la norma, y de qué manera se ve impedido el ejercicio de la actividad comercial –tal como esgrimían los estacioneros-, pues la declaración de inconstitucionalidad pretendida, “configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico”.

Finalmente, la sentencia cita a manera de jurisprudencia un fallo de la Suprema Corte de Justicia que manifiesta que el mecanismo de control implementado por el Organismo recaudador no implica un costo adicional del cual se tengan que hacer cargo exclusivamente los estacioneros ya que la normativa actual les da la posibilidad de recuperar o compensar el gasto efectuado para la provisión de los reactivos químicos exigidos, para dar cumplimiento a la normativa impuesta.