La comercialización de los combustibles en el ojo de la tormenta

Un nutrido grupo de legisladores nacionales, entre ellos Eduardo Macaluse, Nora Iturraspe, Victoria Donda y Paula Merchan, solicitaron al Poder Ejecutivo un completo informe acerca de la comercialización de combustibles en nuestro país. Exigen conocer  las azones técnicas y económicas de los aumentos de precios de los combustibles líquidos producidos desde 2009 a la fecha, la evolución de los costos reales ponderados de extracción de petróleos livianos, la variación de los precios internos, la tasa de rentabilidad obtenida por las empresas productoras, la estimación de los márgenes de comercialización registrados por las empresas refinadoras y comercializadoras en la venta minorista de combustibles líquidos y la composición y costos del precio final de los combustibles líquidos y GNC

Los Diputados aseguran que durante los últimos años y, particularmente en el bienio 2009-2010, se vienen registrando subas parciales y casi imperceptibles pero persistentes en el tiempo, de los precios finales de los combustibles líquidos en las bocas de expendio minorista en la República Argentina.

Según su opinión, desde noviembre de 2009, se ha acelerado este proceso a partir de la existencia de acuerdos tácitos entre las empresas productoras y refinadoras que operan en el mercado hidrocarburífero argentino, con el objetivo ampliamente difundido de ajustar los niveles de precios finales de los combustibles líquidos, según los parámetros vigentes en los mercados de combustibles de los países limítrofes, situación que nos acercaría, paulatinamente, a los precios internacionales de estos bienes.

Este argumento ha sido esbozado y difundido permanentemente por los principales actores y por diversos analistas y centros de estudios del mercado energético. En buena parte de estos análisis, suele ponerse el foco en el fuerte desajuste que los costos internos de los distintos eslabones de la actividad vienen registrando en los últimos siete u ocho años, al compás de una generalización de políticas de subsidios directos que se han establecido de manera cuasi permanente en las estructuras de precios finales de los bienes energéticos. Por ende, se asume que esta distorsión costos de la actividad-precio final representa uno de los mayores alicientes, de carácter estructural, para la persistente suba de los combustibles líquidos.

Por otra parte, se enarbola otro argumento que impacta en el ámbito de la comercialización de combustibles líquidos y que está vinculado con la composición y estructura de costos internos medidos por litro de combustible puesto a disposición del consumo final. En tal sentido, tanto los analistas como las empresas refinadoras y comercializadoras, refieren permanentemente al alto componente impositivo que tiene la estructura de precios haciendo hincapié, fundamentalmente, en las naftas y, en segundo lugar, en el gasoil, utilizado masivamente para el transporte automotor de pasajeros.

Finalmente, aparece otro componente central en la argumentación que puede fungir como debida contextualización de los dos ejes anteriormente descritos y que está relacionado con la necesidad de brindar una estabilidad normativa- leída en términos de la clásica argumentación de la seguridad jurídica- que permita planificar con previsibilidad las decisiones de inversiones en todos los eslabones de la cadena hidrocarburífera. En ese orden de prioridades, suele señalarse, por parte de las empresas refinadoras, que las mencionadas distorsiones costos-precios finales están erosionando persistentemente los márgenes de rentabilidad del negocio, con lo cual se hace imperioso el sinceramiento de los niveles de costos y precios.

Junto a ello, se menciona la cuestión de la composición de costos interna de los combustibles líquidos. En este punto, vale decir que son precisamente las empresas expendedoras minoristas (y particularmente las no abanderadas o independientes), las que- como último y más débil eslabón de la cadena- suelen hacer referencia a este segundo argumento con mucha más fuerza, ya que lo asocian a parte de la problemática de su persistente baja de rentabilidad en los márgenes de comercialización que, en los últimos años, se han deteriorado ostensiblemente.

La diversidad de actores relacionados con el sector de comercialización minorista y que dependen de contratos de expendio que firman con las empresas operadoras en el mercado upstream y downstream de petróleo, suelen referirse a la necesidad de reveer todo el funcionamiento de las estructuras de costos y precios de los combustibles líquidos, como así también otras cuestiones atinentes a la naturaleza del vínculo contractual que enmarca su actividad, cuestión importante pero que excede los límites de este proyecto.

Al presente se han establecido nuevas bandas de precios que, según tipo de petróleo, van entre los u$s 47 y u$s 57 impactando este aumento sobre empresas que operan exclusivamente en el sector downstream ( Shell y Esso), que ven erosionadas sus estructuras de precios debido a las fuertes asimetrías que tienen con los actores que operan en toda la cadena y, en consecuencia, deciden descargar paulatinamente estos nuevos reajustes sobre el eslabón más débil, que es la distribución minorista de combustibles líquidos, de acuerdo a la opinión volcada por los parlamentarios en el Proyecto.

Finalmente los legisladores reclamaron la aprobación de la iniciativa en virtud de esclarecer cuál es la situación imperante en la política de comercialización de combustibles líquidos