En gran parte del país los entes gubernamentales abocados al cuidado del medio ambiente están reclamando a los puestos de expendio de combustibles, calificados en la categoría 3, que es la de mayor riesgo, que cumplan con lo dispuesto por la Ley General de Ambiente 25.675 y sus resoluciones posteriores, que establecen la obligación de contar con una cobertura que garantice al Estado y la comunidad el resarcimiento de los daños producidos en los ecosistemas por el despacho de naftas y gasoil.

En varias provincias ya empezaron a caer intimaciones y hasta hubo casos de suspensiones y clausuras, por incumplimiento. Ahora llegó el turno de Córdoba. Pablo Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro (FECAC) informó que días atrás “el municipio envió cédulas de notificación a varias estaciones, exigiendo el seguro de caución”.

Para evitar que haya multas contra los expendedores, Bornoroni se contactó de inmediato con el Subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad de Córdoba, el Ing Sebastián Roca, quién tomó conocimiento de la situación por la que atraviesa el sector y sobre las gestiones realizadas sobre el tema.

El empresario explicó al funcionario que a nivel nacional se está trabajando en un proyecto que propone conformar un fondo económico, a partir de una recarga sobre el precio del combustible, que tendría como destino la reparación de los terrenos contaminados. Tiene el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente pero como consecuencia del recambio de nombres quedó postergado.

En este contexto, Bornoroni reconoció la predisposición de Roca: “nos dio 120 días de plazo para resolver el problema”. En tanto, el tema será analizado hoy en la audiencia de Comisión Directiva organizada por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) en Capital Federal.