Impuestos, salarios y gastos de mantenimiento conforman el podio de los costos

La explotación comercial de una estación de servicio requiere de una importante estructura de costos que sustente el normal desarrollo de la actividad. Si bien este armazón está compuesto por una gran variedad de rubros, los especialistas admiten que los impuestos, salarios y gastos de mantenimiento (en ese orden) ocupan casi el 80 por ciento de su totalidad. 

La gran carga impositiva que deben afrontar los expendedores se encuentra al tope del ránking. IVA, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque, aportes y cargas sociales son algunos de los tributos más gravosos, pero los servicios tampoco se quedan atrás: la energía eléctrica es uno de los ítems que más carga sobre la rentabilidad que los empresarios perciben por la venta de combustibles. 

Los salarios también suman presencia en el andamiaje de costos, especialmente a partir del reciente aumento salarial del 8 por ciento en tres cuotas. Es que la mayoría de los establecimientos requiere de una importante cantidad de recursos humanos (al menos 10 empleados) para atender los requerimientos de la labor diaria, sin contar personal de mantenimiento directo o indirecto.      

Los gastos de mantenimiento completan el tercer escalón del podio de los costos. Repuestos, pintura, reparaciones, papelería y auditorías de seguridad y superficie, son algunos de los  componentes más influyentes de este rubro, que a pesar de su variabilidad impactan asiduamente sobre el beneficio de los estacioneros.    

Otro de los gastos a tener en cuenta son los bancarios y en especial la comisión por la venta con tarjetas. En su mayoría los bancos cobran el 1,5 por ciento en concepto de gestión, lo que representa el 20 por ciento de la rentabilidad bruta de las estaciones de servicio sin contar la financiación.  Además de otros sobrecostos como llamadas y el pago del post, mecanismo indispensable para evitar el rechazo de cupones.     

Los altos costos que cargan el expendio de combustibles fueron reconocidos incluso por la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados que sentenció a través de un proyecto de resolución que la disminución de rentabilidad es consecuencia por un lado, de la reducción de los márgenes de comercialización reconocidos a las estaciones de servicio y el incremento de los gastos que afectan a la actividad. “Como corolario las empresas PyMES que comercializan combustibles se encuentran en riesgo de quiebra”, advierte el documento.