Expendedores denuncian campaña en su contra y deslindan responsabilidades

La Dirección de Comercio de Tucumán levantó un acta de constatación a un operador que tiene una estación de servicio Refinor porque aparentemente no tenía publicado el precio de la mezcla para motos a la vista. Para evitar molestia entre la población, a raíz de los posibles sobreprecios o privilegios que las empresas estarían realizando sobre algunos clientes, el ente estatal notificó al titular de la boca de expendio, a modo de enviar un mensaje claro al sector.

En consecuencia, el empresario tiene un plazo de cinco días para realizar la descarga, aunque según dieron a entender desde la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Garages y Afines de Tucumán (Capega), no fue una multa sino una advertencia y no deberá desembolsar dinero.

“Este fue el único caso”, explicaron desde la entidad, para desmentir que en Tucumán se estén intensificando las multas a los estacioneros.

Por otra parte, aclararon que las bocas de expendio no reciben nafta súper por varios días y que por esa razón en muchas situaciones no pueden venderle al consumidor. “No hay privilegios”, aseguraron. Y lamentaron que algunos playeros tengan que lidiar con la molestia de la gente por la falta de abastecimiento. “Hubo varios incidentes”, informaron desde Capega.

En algunos casos, la gente se enoja con los trabajadores de las estaciones de servicio porque le restringen las ventas a montos similares a $100 y no pueden recorrer todo el camino que necesitan para uno o dos días. Y como volver a llenar el tanque implica varias horas de espera, hubo hechos de violencia que despertaron acciones y declaraciones de los funcionarios públicos de la provincia.

Desde Capega pidieron al Ministerio de Comercio Interior que baje los decibeles en los medios de comunicación porque están generando la sensación de que el problema radica en la logística de las estaciones de servicio, más que en un problema de fondo por falta de producción de combustibles. La falta de stock se debe a un problema estructural que nada tiene que ver con el accionar de los operadores. Aplicar sanciones a empresas por supuestas irregularidades cuando en el mercado mismo no existe ninguna estabilidad suena más a demagogia que defensa de los intereses del consumidor.