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Un análisis jurídico presentado por el diputado formoseño Adrián Bogado sobre los cobros en puestos camineros podría sentar un precedente a nivel nacional. El sector estacionero, que acumula millonarios saldos a favor, empieza a alinearse con cámaras empresarias para impulsar presentaciones judiciales.
El clima de inquietud económica que atraviesa el sector estacionero sumó en las últimas horas un nuevo foco de atención, esta vez en el plano jurídico. La reciente difusión de un trabajo de análisis elaborado por el diputado provincial de Formosa, Adrián Bogado, sobre la posible inconstitucionalidad del Régimen de Pago a Cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos, generó una corriente de expectativas entre empresarios PyMES de todo el país.
El informe, que pone la lupa sobre los mecanismos de recaudación aplicados en los Puestos de Control Camineros de la provincia norteña, concluye que los principios constitucionales no pueden ser utilizados de manera discrecional por las jurisdicciones provinciales, incluso cuando se trata de recursos fiscales. “Hay normas y jurisprudencia que marcan límites. Lo que estamos viendo es un abuso que afecta la actividad comercial y distorsiona la equidad tributaria”, expresó el análisis al cual tuvo acceso surtidores.com.ar.
Si bien el sondeo se circunscribe a la provincia de Formosa, desde los bloques opositores en la legislatura local reconocieron que están en diálogo permanente con dirigentes estacioneros y del comercio minorista para avanzar en presentaciones judiciales en otras jurisdicciones.
Según pudo averiguar este medio, realizar un reclamo institucional en base a estos conceptos contables, puede sentar precedente como punta de lanza para cuestionar regímenes similares en distintas provincias, muchas de las cuales aplican retenciones automáticas que generan millonarios saldos a favor difíciles de recuperar.
En el sector estacionero, esta práctica ha dejado huellas profundas. Según lo informado por diversas instituciones en varias oportunidades, las Estaciones de Servicio acumulan un promedio de 50 millones de pesos en saldos a favor de Ingresos Brutos, una cifra que impacta de lleno en la liquidez y sostenibilidad del negocio. En un contexto de ventas deprimidas y márgenes al límite del punto de equilibrio, la carga fiscal excesiva se transforma en un obstáculo casi insalvable.
“Es una situación injusta. Nos descuentan el impuesto por adelantado y después no hay un mecanismo ágil ni justo para la devolución. En muchos casos ni siquiera se puede compensar con otras obligaciones. Estamos financiando al Estado sin ningún tipo de retribución ni previsibilidad”, dijo en su momento el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de La Rioja, Juan Manuel Brígido.
Desde el ámbito expendedor sostienen que, más allá del caso puntual de Formosa, el debate que abre el informe de Bogado tiene potencial para ampliarse a nivel nacional. La clave está en la capacidad política de cada provincia para interpretar estos reclamos no como una amenaza a la recaudación, sino como una oportunidad para modernizar y transparentar los sistemas tributarios.
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