
Activar/Desactivar Leer Página
El Gobierno presiona a las provincias para que eliminen o, por lo menos, rebajen sus alícuotas. Los empresarios lo consideran “distorsivo”, por los efectos que impactan de manera negativa en los precios de bienes y servicios.
El sistema de Ingresos Brutos, implementado por las provincias argentinas, obliga a los bancos a retener anticipos de este impuesto cada vez que se realiza un movimiento en cuenta. Esta mecánica no solo genera saldos a favor que los contribuyentes rara vez pueden recuperar, sino que también crea una superposición de retenciones entre jurisdicciones.
Ante este escenario, los estacioneros de diferentes zonas del país buscan soluciones que permitan recuperar los denominados “saldos a favor”, generados por retenciones anticipadas. Según Ángel Luis Bigatti, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Formosa, este mecanismo es una de las principales problemáticas que enfrentan las Estaciones de Servicio, especialmente las PyMES. Señaló que la combinación de impuestos nacionales, provinciales y municipales constituye una “voracidad fiscal” que amenaza la sostenibilidad de los operadores del sector.
El dirigente criticó cómo Ingresos Brutos, originalmente concebido como un tributo a las ventas, se ha transformado en un impuesto a las compras. Esta metamorfosis afecta directamente a las estaciones, que suelen acumular saldos a favor promedio de 50 millones de pesos. Este dinero, retenido por los estados provinciales, no puede ser utilizado por los empresarios para reinversión o necesidades operativas, lo que limita severamente su capacidad de crecimiento.
Asimismo y en referencia al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Bigatti propone una reforma que incluya la posibilidad de considerar los sueldos y las cargas sociales como crédito fiscal. Este enfoque podría ser una herramienta estratégica para fomentar la inversión productiva y generar empleo genuino. Entre los principales beneficios de esta iniciativa se destacan:
Incentivo a la inversión productiva:
Reducción de costos: Al permitir que los sueldos y cargas sociales sean computados como crédito fiscal, las empresas podrían aliviar su carga financiera, facilitando la reinversión en proyectos productivos.
Mayor competitividad: Este beneficio fiscal incentivaría la modernización y la innovación empresarial, mejorando la productividad y la capacidad de competir en mercados nacionales e internacionales.
Generación de empleo genuino:
Estímulo a la contratación: Al vincular el alivio fiscal a la generación de empleo, las empresas podrían estar más dispuestas a formalizar y crear nuevos puestos de trabajo.
Formalización del empleo informal: Este cambio podría motivar a las empresas informales a regularizar su situación para acceder al beneficio fiscal.
Desarrollo económico y social:
Impulso al consumo interno: La generación de empleo y mejores salarios crearía un círculo virtuoso de mayor consumo y dinamización de la economía.
Reducción de asimetrías regionales: Esta medida podría ser clave para atraer inversión hacia regiones menos desarrolladas, promoviendo un crecimiento más equitativo.
Beneficio para el emprendedor y el profesional:
Reconocimiento del aporte privado: Incorporar los sueldos y cargas sociales como crédito fiscal refleja el esfuerzo que realizan las empresas al contribuir al sistema de seguridad social.
Justicia fiscal: Este sistema representaría un alivio tangible para el sector privado, que podría destinar sus recursos a la expansión de su actividad.
Según el dirigente, para las Estaciones de Servicio, estas reformas no solo aliviarían la carga impositiva, sino que también permitirían un mayor desarrollo económico y social, beneficiando a los consumidores, a las empresas y al sistema productivo en su conjunto. “La clave estará en encontrar un equilibrio que favorezca tanto al sector privado como al Estado, fomentando un crecimiento sostenido e inclusivo”, puntualizó Bigatti.
DEJANOS TU COMENTARIO!