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FECRA envió una nota a la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense solicitando ser escuchada antes de que se emita dictamen sobre el proyecto que obliga a las petroleras y Estaciones de Servicio a informar con anticipación de cambios en los surtidores. La entidad advirtió que la iniciativa podría generar desabastecimiento, confusión y complicaciones operativas.
La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina elevó una nota formal a la Comisión de Servicios Públicos de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidida por el diputado Juan Ariel Archanco (Unión por la Patria), en la que solicitó ser incluida en el debate sobre el proyecto de ley que busca establecer un régimen de comunicación previa de los precios de los combustibles líquidos y gaseosos.
La iniciativa, presentada por la diputada provincial Ayelén Rasquetti bajo el expediente D-2035/25-26, propone que las empresas refinadoras y las Estaciones de Servicio informen con una antelación determinada —se estima en 72 horas— cualquier modificación en los valores de venta al público. Según sus fundamentos, el objetivo sería brindar mayor transparencia y previsibilidad a los consumidores.

Sin embargo, FECRA advirtió que la aplicación de una medida de este tipo podría generar consecuencias contraproducentes tanto para el mercado como para los usuarios. En la carta dirigida al titular de la Comisión, la federación planteó que el anuncio anticipado de aumentos “provocaría picos de demanda que derivarían en situaciones de desabastecimiento”, tal como ocurrió en 2023 cuando los consumidores adelantaron sus cargas ante la inminencia de subas.
“El riesgo de desabastecimiento es real, porque ante la difusión previa de una modificación de precios, los operadores y los clientes adelantan compras, llenando los tanques y generando una presión inmediata sobre la red de estaciones”, explicaron desde la entidad, que representa a unas 500 pequeñas y medianas empresas del sector.
Otro de los puntos cuestionados por FECRA es la “dificultad operativa y comunicacional” que generaría la implementación del sistema. Según la nota, las normas vigentes ya obligan a mantener visible en los surtidores el precio actual, por lo que coexistir dos valores —el vigente y el que se aplicará en 72 horas— resultaría impracticable. “Provocaría confusión entre clientes y empleados, y dificultaría la tarea de operación en nuestras empresas”, advirtieron.
La entidad también señaló que algunas petroleras implementan esquemas de precios variables a lo largo del día, adaptando los valores según la demanda horaria. “Si se obliga a comunicar cada cambio con 72 horas de anticipación, esas estrategias comerciales serían inviables y obligarían a emitir anuncios varias veces al día, con el consiguiente desconcierto y complicaciones en la rendición de ventas”, argumentó.
Desde FECRA remarcaron además que las Estaciones de Servicio no son formadoras de precios, sino que dependen de las decisiones de las compañías refinadoras y del marco impositivo vigente. En ese contexto, alertaron que cualquier norma que interfiera en la dinámica de actualización de valores podría terminar afectando la rentabilidad de las PyMEs del rubro y comprometer el abastecimiento normal en la provincia.

“Estas son algunas de las razones por las cuales el proyecto generaría más complicaciones que beneficios para el consumidor, afectando una actividad fundamental en la estructura productiva bonaerense”, expresaron los empresarios. Por ese motivo, solicitaron formalmente ser tenidos en cuenta para participar de los debates en comisión antes de que se emita cualquier dictamen.
La federación pidió además que se postergue el tratamiento del expediente hasta tanto puedan exponer su posición y aportar una visión técnica y operativa del funcionamiento de la red de estaciones. “Nos consideramos un actor importante en la cadena de energía provincial, y es clave que nuestra voz sea escuchada para no generar mayores dificultades de las que ya enfrentamos en la operación diaria”, concluye el documento firmado por las autoridades de FECRA.
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