Estaciones de Servicio en alerta por un nuevo proyecto de ley que las obligaría a asumir mayores costos operativos

Las Estaciones de Servicio de la provincia de Buenos Aires mostraron su inquietud ante un nuevo proyecto legislativo que podría impactar directamente en sus finanzas y sustentabilidad. Se trata de una propuesta presentada por la diputada local de la UCR, Anahí Bilbao, integrante del espacio Cambiemos, que exige por ley la instalación obligatoria de cambiadores de pañales en las expendedoras ubicadas sobre rutas, autovías y autopistas de la capital de la Argentina.

Según el texto del Proyecto de Ley, los establecimientos que incumplan la normativa serán sancionados con multas que oscilan entre 50 y 800 litros de nafta premium, dependiendo de la infracción: desde cuestiones de higiene hasta la ausencia total de la infraestructura exigida. Además, se especifica que estos espacios deberán estar ubicados de forma tal que puedan ser utilizados por personas de todos los géneros.

Una nueva normativa contribuirá a reducir costos operativos en las Estaciones de Servicio

Se eliminan trámites redundantes que dificultaban la importación y comercialización de productos de seguridad, lo que favorecerá la libre competencia y una mayor disponibilidad de insumos.

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La legisladora argumentó que la medida apunta a romper con los estereotipos y avanzar hacia una mayor igualdad en los cuidados. “Hablar de viajes en familia implica en la actualidad, comprender que la familia tradicional no es la única existente”, expresó Bilbao, quien consideró que el proyecto responde a las nuevas necesidades de una sociedad moderna. A su vez, reconoció que la implementación podría generar gastos imprevistos y propuso un plazo de 180 días para que las estaciones se adecuen.

Desde la Federación de Entidades de Combustibles, su presidente Juan Carlos Basilico, expresó preocupación por el impacto económico que esta nueva exigencia tendría sobre un sector ya tensionado por múltiples factores. En declaraciones a surtidores.com.ar, el dirigente afirmó: “Nos encontramos al límite de nuestras capacidades para sostener las operaciones, entre los costos fijos, la carga fiscal y las exigencias ambientales que se intensifican”.

Para el empresario, agregar nuevas obligaciones normativas sin un análisis profundo del contexto operativo de las estaciones es una medida que desconoce la realidad cotidiana de la actividad. “Los gastos que deben asumir las estaciones se han vuelto inadmisibles y eso afecta directamente la rentabilidad y la estabilidad de nuestros negocios que son sostenidos con el esfuerzo familiar”, enfatizó.

En la misma línea, Fabián Tobalo, asesor legal de la FEC, fue tajante: “No se puede imponer a las empresas la prestación de servicios adicionales a sus clientes. En ciertos emplazamientos, como rutas y autopistas, puede ser una cortesía ofrecer estos servicios, pero nunca una obligación legal”.

El letrado remarcó que si bien el rubro está orientado al servicio, debe ser cada estacionero quien evalúe la conveniencia de ofrecer prestaciones complementarias. “Querer imponerlo por ley es propio de aquellos funcionarios que no conocen el trabajo cotidiano de quienes hacen esta actividad”, sentenció.

Finalmente, la organización empresaria dejó en claro que las Estaciones de Servicio rechazan toda nueva obligación, que sin respaldo económico real, se vuelve una carga más difícil de sostener.